![Urkullu confía en que Sánchez dé luz verde a otra mesa territorial para allanar la investidura](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/2023/09/05/pol-urkullu-kGuD-U21078758664dyE-1200x840@El%20Correo.jpg)
![Urkullu confía en que Sánchez dé luz verde a otra mesa territorial para allanar la investidura](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/2023/09/05/pol-urkullu-kGuD-U21078758664dyE-1200x840@El%20Correo.jpg)
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La propuesta de Iñigo Urkullu para propiciar una relectura en clave territorial de la Constitución que ayude a blindar el autogobierno vasco no fue ni mucho menos improvisada ni los tiempos que manejó el lehendakari para lanzarla se dejaron al azar. Todo estaba cuidadosamente medido ... para situar el debate sobre la reforma del modelo de Estado como la palanca clave para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez una vez fracase la de Alberto Núñez Feijóo y para evitar, al mismo tiempo, que las exigencias de máximos de los independentistas catalanes -singularmente, de Carles Puigdemont que, tras verse ayer con Yolanda Díaz, hará público hoy su pliego de condiciones- saboteen el posible acuerdo final.
Un 'win-win' de manual, por lo tanto, que permite al jefe del Ejecutivo de Vitoria recobrar la iniciativa, alejar el foco de cuestiones de gestión diaria y proyectarse como estadista o, al menos, como una figura clave para desatar el nudo de las tensiones territoriales en puertas de unas autonómicas complicadas y al tándem Sánchez-Díaz ganar tiempo y reubicar el debate en el posibilismo mientras ERC y Junts insisten en que con la amnistía no basta y exigen la autodeterminación. Porque, como subrayan en Lehendakaritza, Urkullu plantea «un método» que no prefigura el «resultado final», una diferencia no menor con el soberanismo catalán, que se fija como meta un referéndum de independencia.
Un avispero que tensa como nunca las costuras del traje del 78 y que exigirá a La Moncloa hacer un auténtico encaje de bolillos para satisfacer las pretensiones de todos sus socios, pero del que Urkullu espera que salga, como mínimo, una nueva mesa territorial -o foro o comisión permanente; el formato está por ver- que aliente el diálogo sobre el encaje de Euskadi y Cataluña. La convención constitucional a la que se refiere, y de cuya plasmación en la práctica ha dado pocas pistas hasta ahora, sería, según explicó el propio Urkullu ayer en Radio Euskadi, una iniciativa de las Cortes Generales, que instarían al Gobierno a convocar ese nuevo foro encargado de abrir una vía para el «diálogo sosegado», la «reflexión compartida» y el «pacto acordado» sobre los eventuales cambios en la arquitectura territorial del Estado.
Un órgano basado en el «encuentro organizado» y la «norma aceptada» que excedería la mesa de diálogo bilateral entre el Ejecutivo de Sánchez y el Govern catalán, que quedó en 'stand by' tras la «desjudicialización» del 'procés' con la derogación del delito de sedición y las sucesivas convocatorias electorales en mayo y julio.
Está por ver con qué formato 'resucita' ahora ese foro, si se suman en él las demandas de las comunidades históricas -Euskadi y Cataluña, sobre todo, porque Galicia discurre por otro raíl- o se trocean y quién participa en él. Lo que sí esperan de Sánchez los nacionalistas, según las fuentes consultadas, es que añada algún tipo de garantía o compromiso adicional a la mesa para evitar que se convierta en un artefacto meramente utilitarista que se postergue 'sine die' una vez se resuelvan las urgencias de la investidura.
El lehendakari se ha fijado en experiencias previas en Alemania y en Irlanda, que en 2012 alumbró una convención de este tipo con la participación de 33 parlamentarios de ambas Cámaras, un miembro de cada partido y 66 ciudadanos representativos de la sociedad irlandesa. En este caso sería deseable, según Urkullu, que participaran las comunidades autónomas -aunque desde una perspectiva asimétrica- y «todos» los partidos políticos. También el PP, recalcó, tras desvelar que en su charla por teléfono con Feijóo del pasado miércoles aprovechó para explicarle su idea. El concurso de los populares sería exigible, dijo, «porque si una de las conclusiones que saliera de esa convención fuera la necesidad de reformar la Constitución, los números son los que son». Además, para Urkullu, el órgano podría estar abierto también a expertos, juristas y «prescriptores de opinión» que puedan aportar una visión internacional.
Píldora a píldora, Urkullu va desgranando los detalles de un posible marco de negociación que ha meditado, según su entorno, desde agosto. Consciente del protagonismo de un Puigdemont más proclive al órdago que a hilar fino, barajó dar a conocer su oferta en los cursos de verano de la UPV sobre el modelo federal que hoy clausurará en San Sebastián o en el Pleno de Política General del próximo día 14, el lugar natural para este tipo de anuncios. Pero finalmente, optó por adelantarse por aquello de que el que da primero da dos veces y por garantizarse el eco con un artículo en 'El País', una elección nada casual. De hecho, aunque el movimiento no estuviera estrictamente consensuado con el PSOE, los contactos han sido constantes.
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