Urkullu aprovecha la debilidad de Sánchez para intentar blindar el autogobierno vasco

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo vasco, que, de confirmarse su candidatura, encararía el reto de pelear por su cuarta legislatura consecutiva en el momento electoral más complicado para los jeltzales, ha optado por tomar la iniciativa. Con éxito, a la vista del eco político y mediático de su propuesta de relectura de la arquitectura territorial, que le devuelve el protagonismo perdido y aleja el foco, precisamente, de la gestión diaria del Gobierno.

Y lo ha hecho con una propuesta, la convención constitucional, que, aunque reciclada y nada novedosa –ya se la planteó personalmente a Pedro Sánchez en junio de 2018, recién llegado el socialista a la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura–, ha sacudido esta semana la conversación política y ha devuelto el debate sobre el modelo de Estado al primerísimo plano.

Porque, más allá del cálculo electoral, el lehendakari, que lleva varios lustros proponiendo, con distintos nombres, una vuelta de tuerca confederal que blinde el autogobierno vasco, ha visto en la debilidad de Pedro Sánchez, que necesita a todas las fuerzas soberanistas del Congreso –vascas, catalanas y gallegas– para ser investido y para garantizarse una mínima gobernabilidad después, la ocasión perfecta de lograr un avance real o, al menos, de sacar cabeza.

El 'momentum', aquí, lo es todo. Por eso, el plan discurre al margen de la reforma del Estatuto de Gernika, que sigue en un cajón pese a los trabajos de la extinta ponencia de Autogobierno y de la comisión de juristas expertos que redactó un borrador de reforma. «Son dos planos diferentes. La propuesta está pensada para este Estatuto y los siguientes», se defienden en Ajuria Enea frente a las críticas de la oposición por saltarse 'pantallas'.

El blindaje definitivo de las competencias vascas para evitar la «erosión silenciosa» del autogobierno a través de leyes de bases, conferencias sectoriales o foros de presidentes que soslayan la especificidad de las comunidades históricas es el reto de fondo que anima el movimiento de Urkullu, una reinterpretación de la Carta Magna sin las mayorías cualificadas que exige el procedimiento legalmente tasado. «Se trata de poner unos límites, un marco estable, y que no te lo cambien cada cinco minutos. Y el lehendakari lo que hace es proponer un método para lograrlo», aclaran en el entorno de Urkullu, que busca así sortear las «excusas» sobre la imposibilidad de promover una reforma constitucional ante la negativa del PP. El movimiento, obviamente, fija el marco para empezar a negociar la investidura de Sánchez pese a la insistencia del lehendakari en que son los partidos, y en particular el suyo, los únicos habilitados para negociar apoyos políticos al futuro Ejecutivo central.

Y para ello, lejos de plantear un órdago a lo Puigdemont, se apoya en una fórmula aparentemente más digerible y con amplio recorrido en las sociedades anglosajonas. La elección del diario 'El País' para detallar la oferta tampoco es inocente porque proyecta la idea de que esta vez no habrá un portazo como aquel con el que las Cortes Generales despacharon en su día a Ibarretxe.

Aunque Sánchez ya cedió ante el PNV en diciembre de 2019 y rubricó un acuerdo para impulsar «reformas» que adecuasen la «estructura del Estado a las identidades territoriales», la letra de ese pacto nunca se desarrolló porque el presidente podía jugar a la geometría variable dentro del bloque de la investidura. Ahora no tiene alternativas, está obligado a contentar a todos y, frente al maximalismo de ERC y Junts, que piden un referéndum y para quienes se trabaja ya en una ley de amnistía, Urkullu se descuelga con una propuesta amable en las formas (cita el célebre 'no imponer, no impedir' de Josu Jon Imaz) que permite a Moncloa reubicar el debate territorial lejos de la «unilateralidad» que guió el 'procés'.

Así lo admiten en el PSOE, que ve el debate lanzado por el lehendakari «extraño» y «ajeno» a la tradición jurídica española, pero admite que no podrá avanzar sin hacer concesiones en el terreno territorial y lo valora por lo tanto como un punto de partida aceptable. En definitiva, deja hacer para sortear la investidura y después –dicen– ya se verá. «Somos proactivos y ya hemos lanzado debates en este sentido, desde el documento de Granada a la convención política que se hizo en tiempos de Rubalcaba. Asumimos que nuestros socios lo van a plantear y los negociadores tendrán que buscar el encaje y puntos en común con un mínimo de coherencia», asumen en la ejecutiva del PSOE, que gana tiempo y margen de maniobra. Todos contentos. De momento.

El lehendakari se ha adelantado además a su propio partido al situar la cuestión territorial en el centro del debate tras orillarla en el último lustro, especialmente a raíz del estallido de la pandemia. Por poner solo un ejemplo, hace sólo un año Urkullu pasó de puntillas sobre esta cuestión en el Pleno de Política General y se centró en anunciar medidas contra la inflación y en proponer pactos de país para superar las consecuencias de la crisis sanitaria y de la guerra de Ucrania.

Pero la «ventana de oportunidad» que el PNV situaba tras las generales ha llegado. El lehendakari recupera ahora su propuesta de hace seis años, que supone de facto asumir la cuestión territorial como puntal de su oferta política frente a una EHBildu mucho más volcada en el discurso social de izquierdas. La fórmula ha dado buenos resultados a los de Arnaldo Otegi en las municipales de mayo y en las generales de julio, frente a un PNV lastrado por el abstencionismo de parte de su base. Pero Ajuria Enea es consciente de que el escenario ha cambiado, no solo por la aritmética parlamentaria sino por otras cuestiones no menores que han valorado, como el vuelco en el Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista. El tiempo dirá si hay agua en la piscina pero, por lo pronto, Urkullu ha decidido tirarse de cabeza.