Urkullu y sus altos cargos podrán cobrar al irse hasta 9.600 euros y un año de paro especial

El importe de las cesantías de los cargos públicos, reguladas por ley en Euskadi desde 1988, varía según el sueldo. Se cobra una doceava parte -a pesar de que la nómina llega en 14 veces- de la retribución anual. Es decir, se divide entre doce los 115.000 euros que tiene atribuidos para este ejercicio el lehendakari, los 108.000 de los vicelehendakaris o los casi 103.000 de los consejeros. A esta indemnización también tienen derecho viceconsejeros, directores y el resto de personal eventual con rango directivo una vez que abandonen su puesto.

El cobro, en todo caso, no es automático. Los interesados deben presentar personalmente la solicitud ante la dirección de Función Pública cuando haya pasado un mes desde que se haga efectivo su cese. Y al menos en ese periodo de transición no pueden ocupar ningún otro cargo en la Administración. Por tanto, los tres consejeros que se mantienen con Imanol Pradales -los jeltzales Bingen Zupiria y Nerea Melgosa, y el socialista Javier Hurtado- no podrán recibirla. Tampoco Josu Erkoreka, que tardó apenas 48 horas en ser fichado como asesor de la diputada general de Bizkaia.

Los ex altos cargos también tienen derecho a una prestación sustitutoria de desempleo. Un paro especial que igualmente se calcula según lo que cobraban, pero cuya duración depende del tiempo que hayan permanecido en el puesto. En concreto, tres meses por cada año de servicio, aunque siempre con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. Esta prestación exige obviamente no estar trabajando mientras tanto, es incompatible con la prestación habitual de desempleo y sólo la pueden solicitar aquellos que fueran nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2023.

Además de lo anterior, Urkullu en particular podrá contar con un despacho sufragado con fondos del Gobierno vasco y personal a su cargo (chófer, secretario y escolta). En cambio, no cobrará directamente un sueldo público hasta que se jubile. Entonces sí, cuando cumpla los 65 años el 18 de septiembre de 2026, comenzará a recibir una pensión vitalicia correspondiente a la mitad de su salario como jefe del Ejecutivo -algo más de 57.000 euros anuales-. Actualmente esta prerrogativa es exclusiva de los lehendakaris, pero hasta 2012 se extendía a antiguos consejeros e incluso viceconsejeros.

Los ex altos cargos, sin embargo, estarán sujetos durante los próximos dos años a un régimen de incompatibilidades. Según una ley vasca aprobada en 2014, durante ese tiempo «no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo». En definitiva, una forma de restringir las famosas puertas giratorias que tanta polémica suscitan.

No obstante, existe una manera de levantar esa barrera, previo filtro del Gobierno vasco. El Departamento de Gobernanza Pública puede conceder autorizaciones una vez realizado un estudio del caso en particular. La pasada legislatura, sin ir más lejos, concedió ese permiso a ocho exmiembros del Ejecutivo autonómico. En un noveno caso, Alexander Arriola se valió del silencio administrativo -presentó la solicitud pero no fue respondida- para pasar de dirigir la SPRI a fichar por la empresa Eurocybcar en tan sólo 24 horas.