El Gobierno rechaza la cuestión de confianza de Junts pese a la amenaza de represalias

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ya fue bastante explícita durante su habitual comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros al poner sobre la mesa razones tanto de «forma como de fondo» en contra de la iniciativa. «La cuestión de confianza es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno –alegó–. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas». Además, defendió que no hay ninguna razón para que el presidente vuelva a pedir la confianza que la Cámara ya le otorgó en la investidura. «El Gobierno cumple con sus compromisos», esgrimió.

Hasta ahora, los socialistas habían mostrado dudas de qué hacer. El informe encargado a los servicios jurídicos del Congreso a mediados de diciembre les dejó margen para cualquier respuesta. Tanto en el Ejecutivo como en el partido había disparidad de opiniones sobre las implicaciones de aceptar el órdago de Puigdemont, teniendo en cuenta que las ‘pnl’ solo sirven, en teoría, para «orientar la actividad del Gobierno», pero pueden tener una carga política importante.

Junts nunca ha cerrado la puerta, además, a retirar la iniciativa una vez admitida a trámite en caso de avanzar en el resto exigencias que tiene planteadas. Entre ellas, el traspaso «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat, que Sánchez se implique de forma personal en la reivindicación de que el catalán sea lengua oficial en la UE – algo que este martes, en su discurso ante los embajadores presentó como uno de los objetivos prioritarios de su política exterior en 2025– o que se compense a Cataluña por los presupuestos no ejecutados.

Finalmente, sin embargo, en el Gobierno se ha impuesto la tesis de que debatir la propuesta de los neoconvergentes sería tanto como aceptar una moción de censura encubierta.

En la Moncloa quitan hierro a las presiones del secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, que, en un desayuno informativo de Nueva Economía, advirtió este martes de que su grupo «tomará decisiones que no gustarán al PSOE» en caso de que, como apuntan en Moncloa, se vete su texto. Hace un mes, el propio Puigdemont, que ha convocado en Bruselas este viernes a la dirección de su partido a una reunión clave en Bruselas, amenazó con hacer que la legislatura entre en «colapso», hasta el punto de llamar a los suyos a estar preparados para la ruptura.

Los socialistas juegan con una baza y es que dan por sentado que los posconvergentes en ningún caso se prestarán a apoyar una moción de censura con el PP y Vox. El propio Turull lo volvió a corroborar este martes al tildar ese escenario de «broma macabra». Puigdemont sí podría negarse a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, pero el Ejecutivo lleva tiempo preparando el terreno para tratar de resistir incluso en esa tesitura. «Nosotros queremos Presupuestos, pero es verdad que se puede vivir sin ellos. Tendríamos que preguntarnos cuántas comunidades autónomas no los van a tener», esgrimen para neutralizar una eventual ofensiva de los populares con esta cuestión.

Más allá de la moción de censura y de las Cuentas públicas, sin embargo, Junts ya ha demostrado que puede convertir el Parlamento en un ‘Vietnam’ para Sánchez. Turull recordó que los suyos no tienen ningún complejo en votar con los populares y Vox en asuntos concretos si creen que es lo más conveniente para los catalanes. Ya lo hicieron para tumbar la senda de estabilidad presupuestaria, la reforma de la ley de extranjería, la ley para regular los alquileres temporales (aunque unos meses después consintiera su tramitación) o varias enmiendas a la reforma fiscal. Ahora, por lo pronto, ha anunciado una enmienda a la totalidad de la ley socialista para limitar la acción popular y desactivar las causas contra Begoña Gómez y el hermano de Sánchez.