Los tribunales vascos analizan seis peticiones de rebaja de penas por delitos sexuales

La primera solicitud que salió a la luz en Euskadi fue la de un hombre que violó a una menor en las fiestas de Zarautz en 2017. Fue castigado con seis años de presidio y su abogado considera ahora que deberían descontarse dos años de esa condena. Ayer, la máxima responsable de la Fiscalía en Euskadi, Carmen Adán, avanzó la postura que tomará el Ministerio Público en este caso y que es contraria a la revisión. De todos modos serán los jueces los que adopten la decisión definitiva. Adán aseguró que en el País Vasco los expedientes susceptibles de ser analizados «no son tantos» y se comprometió a que sean estudiados «con atención».

La nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual se aprobó el pasado 7 de octubre y está resultando muy polémica. El texto elimina los abusos y considera todo delito sexual como agresión. De esta forma, se pretende evitar situaciones como el ataque de 'La Manada', en San Fermines de 2016, cuyos responsables fueron declarados culpables de abusos, pero no de violación. Ahora, este tipo de ilícitos pasan a castigarse en todos los casos con cárcel. El problema es que, con la horquilla de penas fijadas (comienzan desde los cuatro años de prisión), algunos presos pueden acogerse a una reducción al aplicarse siempre, con efecto retroactivo, la legislación más beneficiosa para el reo. Así lo contempla el artículo 2.2 del Código Penal, que establece que se revertirá la pena en los supuestos en los que haya «leyes que favorezcan al reo», aunque fueran aprobadas con el preso ya en la cárcel.

La violación de Zarautz no es el único caso de Gipuzkoa. Ayer trascendió también el de un tatuador de San Sebastián que se halla preso en Pamplona por delitos de índole sexual contra una docena de clientas. El hombre pide que se revise su condena de 11 años.

En Bizkaia, uno de los dos casos que hay en marcha tiene que ver con una violenta agresión en Getxo, según ha podido saber este periódico. Se trata de un hombre que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asaltar a una joven de 28 años en 2016. La víctima recibió una lluvia de puñetazos y sufrió tocamientos, con acceso carnal. Este suceso despertó una ola de indignación en la Margen Derecha.

El varón fue detenido dos días después y fue condenado a cuatro años y medio de prisión, tras aplicársele dos atenuantes: dilaciones indebidas (retraso en la instrucción) y reparación del daño. En la actualidad disfruta de permisos penitenciarios, pero sigue encarcelado. Su abogado ha presentado petición de reducción de pena, que fue notificada ayer a la letrada de la víctima. Según la doctrina que se ha empezado a aplicar, de aprobarse su expediente, el individuo quedaría en libertad de manera inmediata, ya que le podría corresponder un castigo de 4 años en lugar de 4 años y medio.

La publicación esta semana de las primeras resoluciones que reducen condenas de delitos sexuales ha incendiado no solo al sector político, desde donde piden la dimisión de la ministra de Igualdad, sino también a la Judicatura, indignada después de que Irene Montero dijera que el machismo «puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley».