El Tribunal Supremo retomará a finales de septiembre el 'caso De Miguel'

La resolución del Tribunal Supremo confirmará o rebajará las penas. Independientemente del fallo, el proceso que arrancó hace trece años tras la denuncia registrada ante la Fiscalía por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi -avisan los letrados- seguirá en el Constitucional e incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De momento, los abogados que han presentado los recursos de casación contra de la sentencia suscrita por los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria acaban de recibir una providencia que anuncia los próximos pasos de un proceso que se ha visto ralentizado aún más por culpa del covid.

El 28 de septiembre, Llarena presentará a los jueces Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer su punto de vista tras estudiar el millar de páginas que justifican el fallo de la Audiencia Provincial y los recursos de casación que han presentado todos los condenados, salvo Josu Arruti y su padre, Jesús. Estos alcanzaron un pacto con el fiscal Josu Izaguirre para que se rebajase su condena a cambio de confesar en el juicio que habían solicitado 'mordidas' a unos empresarios catalanes que querían instalarse en el municipio de Zambrana.

En sus escritos, los abogados de Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería cargan en contra del trabajo que realizó la Ertzaintza en la recogida de pruebas durante las detenciones en marzo de 2010 y la cadena de custodia que estos siguieron durante la posterior investigación. El fiscal del Supremo Javier Zaragoza, en cambio, solicita que se ratifique el fallo de la Audiencia de Álava y respalda el trabajo desarrollado por Izaguirre.

'Txitxo' -como todos conocían al ex burukide que era diputado foral de Administración Local hasta su arresto-, Ochandiano y Tellería incurrieron en delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. También fueron condenados a penas de reclusión el antiguo director de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles (siete años); el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan (cinco años); el empresario cultural Josu Montes (cuatro años y cuatro meses), y el constructor Jon Iñaki Echaburu (dos años y cinco meses). La Fiscalía pidió que inmediatamente entrasen en prisión, pero la Audiencia supeditó esa decisión al fallo definitivo del Supremo.

El juicio se celebró entre enero y diciembre de 2018. Las principales piezas salpicaron al cobro de comisiones en la ampliación del parque tecnológico de Miñano y del polígono que se pretendía desarrollar en Zambrana, aunque también se enjuiciaron obras en pueblos y contratos con el Gobierno vasco, que entonces lideraba Juan José Ibarretxe.