Seis meses después de su jubilación, Juan Luis Ibarra sigue sin sustituto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cerrado el año en situación de interinidad pese a haber seis candidatos a presidir el órgano, y con la sospecha de que ... la situación puede alargarse más aún en el tiempo: PSOE y Unidas Podemos han pisado el acelerador en la tramitación de la reforma que impedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos si no es renovado. Activarán el Congreso en enero, mes tradicionalmente inhábil, para poder aprobar la norma en febrero.
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Si se cumplen los planes del Gobierno respecto al Poder Judicial, cuya situación se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Pedro Sánchez y Pablo Casado por la falta de acuerdo para acometer la reforma necesaria, el TSJPV se asoma al limbo. Quedaría la opción del pleno que el CGPJ celebrará a finales de mes, aunque las fuentes consultadas consideran ahora mismo poco probable que la sustitución de Ibarra se incorpore al orden del día.
Solo otro tribunal superior de justicia autonómico se encuentra hoy por hoy en la misma situación de interinidad que el vasco, el canario. Aunque para ser exactos, la demora allí es considerablemente mayor. El presidente Antonio Doreste Armas renunció a ser reelegido en julio de 2019, pero sigue sin designarse a su sucesor. El pasado septiembre el asunto se cayó del orden del día del pleno del Poder Judicial en el último momento y la espera continúa.
El CGPJ nombró en octubre a los presidentes de los altos tribunales de Baleares y Cantabria, y la posible suspensión de sus funciones puede generar un problema aún mayor en 2021. Porque a la situación de Euskadi y Canarias puede añadirse a lo largo de este año la de los tribunales superiores de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Sus dirigentes fueron elegidos en 2016, por lo que el quinquenio que dura el mandato expira ya.
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La interinidad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es un problema de forma más que de fondo. No afecta al día a día de los juzgados del territorio, cuyo monumental bloqueo se debe al impacto de la Covid-19 y no a la falta de gobierno, pero sí que traslada una sensación de transitoriedad impropia de un órgano judicial. La nueva consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, ya incidió hace meses en una entrevista con este periódico en la necesidad de que hubiera nuevo presidente para normalizar la situación y las relaciones institucionales.
A la espera de novedades, la presidenta interina del TSJPV desde la salida de Ibarra es Garbiñe Biurrun. La magistrada dirige también temporalmente el área de lo Social en el mismo tribunal, cuyo relevo también está pendiente de lo que decida el CGPJ. El Poder Judicial inició el proceso de renovación a finales de mayo, quizá demasiado tarde sabedores sus componentes de que la salida de Ibarra era forzosa al cumplir los 72 años, edad máxima de los jueces para su retirada.
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Pero la vigencia del estado de alarma trastocó los planes. Al final se presentaron seis candidatos que defendieron sus propuestas a mediados de septiembre y el proceso de elección quedó visto para sentencia. La propia Biurrun es una de las aspirantes a presidir el Superior vasco, aunque de entrada no sería una de las favoritas. Los otros cinco son Iñaki Subijana, Luis Garrido, Edorta Etxerandio, Antonio García y Mercedes Guerrero. Esta última, presidenta de la Audiencia de Álava, es una de las que cuenta con más opciones. Afiliada a la conservadora APM y bien considerada por sus compañeros, su elección permitiría también realizar un gesto simbólico a las profesionales que trabajan en la Administración de Justicia. Aunque las mujeres son mayoría en la judicatura, no suelen ocupar puestos destacados. En la práctica, la gran mayoría de los presidentes de las audiencias provinciales son hombres.
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