Treta o trato

La primera es que todo empezó mal. La función que la Constitución asigna a los presidentes de las Cámaras para que se hagan cargo de la dirección del proceso fue pronto abandonada y endosada, sin fundamento alguno en Derecho, al Gobierno y al principal partido de la oposición. Se perpetró una dejación de funciones tan reprobable como disfuncional. Así que, si alguien quiere otorgar el título de primer incumplidor de la Constitución, no encontrará mejores candidatos que la señora Meritxell Batet y el señor Ander Gil, junto con todos los que los han precedido en sus cargos desde 1985. En paralelo, aquellos que se han arrogado como propias las funciones abandonadas por sus responsables -el Gobierno y el primer partido opositor- no se librarán de la tacha de idéntico incumplimiento.

Como efecto de esta irresponsable dejación e indebida apropiación de funciones, se ha incumplido también el requisito que el TC impuso en sentencia de 1986, que proscribía el sistema de cuotas en la elección de los vocales. El comportamiento de Gobierno y oposición en este particular ha ido con el tiempo de mal en peor, hasta culminar en la desfachatez que hoy es práctica habitual. En vez de tratar de converger en la selección de los mejores, como esperaba el TC, han optado por la obscena práctica del «yo te apoyo a los tuyos, si tú me apoyas a los míos», despreciando la excelencia de los designados, la prohibición expresa del Alto Tribunal y el propósito de la propia ley, que requiere, para evitar esa práctica, una mayoría cualificada en la elección. De este modo, el sistema se ha pervertido hasta extremos difícilmente reversibles y alcanzado el estado catatónico en que hoy se encuentra colapsado.

Pero de todo esto, y de algo más que sólo la limitación del espacio impide añadir, resulta desaconsejado hablar, si, como decía, se quiere evitar caer en el ridículo y cargar con la acusación de ingenuidad. La cosa sólo va hoy de quién ha trucado el trato en treta y a quién beneficia la argucia. Basta, en efecto, con seguir los argumentarios de los interesados para constatar que el grave conflicto de la renovación del CGPJ es hoy, en vez de cuestión de categoría institucional, pasto de la voracidad partidista y electoral. Y, por si falta hiciera corroborarlo, véase cómo no pocos medios se han apuntado a repetir, palabra por palabra, los mismos argumentos con que sus partidos de referencia denigran al adversario. La profesionalidad informativa sufre así las consecuencias del despropósito.

Hablando, ahora, de culpas, la palma se la lleva, sin género de dudas, el PP, la variedad y versatilidad de cuyas sucesivas razones para negarse al acuerdo delatan lo que de hecho son: simples excusas. Y, en cuanto a las tretas que uno urde y en que otro cae, ninguna más palmaria y eficaz que la de quien anunció, justo cuando el pacto se acercaba a su cierre, la voluntad de acometer una reforma del delito de sedición que sólo cabía interpretar como un obstáculo en el camino hacia su éxito. Los efectos de todo ello con vistas a las elecciones son, sin embargo, dudosos. Lo único cierto es que los actores están jugando con fuego. Pues, si rechazo provoca el empecinamiento del PP, aunque en asunto bastante ajeno a la preocupación ciudadana, también causa hondas emociones negativas la decisión de rebajar las penas a quienes siguen insistiendo en que volverían a perpetrar el delito por el que fueron condenados e indultados. Pero quién sabe si la cosa llegará al momento electoral tan candente como lo es hoy en un país y una situación tan fluidos que en sus aguas -como advirtió Heráclito- nadie podrá bañarse dos veces. Quedamos, pues, a la espera de que un próximo dislate desplace al actual antes de que se celebren los comicios. De eso va la cosa.