Tres sociedades vinculadas al Gobierno vasco perdieron 3,3 millones en Davalor

Davalor Salud S.L. se fundó a principios de 2011 con el objetivo de convertirse en un referente en el desarrollo de programas informáticos para el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud, especialmente de la vista. Miles de inversores, sobre todo navarros y vascos, se sumaron a una campaña de 'crowdfunding' para financiar sus proyectos. Incluso el Gobierno de Navarra presidido por Uxue Barkos prestó hasta 2,6 millones al considerarlo «de interés foral» pese a que informes técnicos «desaconsejaban» ese paso a la vista de su situación financiera.

La empresa fue declarada en concurso de acreedores en julio de 2018 y su liquidación ha causado un terremoto político en Pamplona. El máximo responsable de la inversión por parte del Ejecutivo foral ha dimitido después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa penal contra él por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Manu Ayerdi, hasta la pasada semana consejero de Desarrollo Económico y Empresarial por el PNV, se marchó denunciando la «obsesión patológica» por este asunto de UPN, partido que presentó la querella que dio inicio a la investigación.

Ahora la sombra de Davalor se alarga hacia Euskadi. La compañía quebrada debe casi 2,5 millones de euros y otros 100.000 por intereses a la fundación Tekniker, en cuyo patronato están presentes los departamentos vascos de Desarrollo Económico y Educación. Tanto el Ejecutivo autonómico como EiTB participan también en el patronato de Vicomtech, a la que Davalor adeuda 163.000 euros por facturas impagadas. En el caso de Elkargi, donde Lakua cuenta con un vocal en el consejo, la suma asciende a más de 560.000 euros por los avales aportados. Estas tres cantidades juntas superan incluso al acreedor principal.

Ante esta situación, PP+Cs ha presentado una batería de preguntas en el Parlamento vasco para conocer si los representantes del Gobierno de Iñigo Urkullu en esas sociedades acreedoras eran conocedores de la situación financiera de Davalor. Es más, la coalición de conservadores y liberales quiere saber si hubo algún contacto al respecto entre el Ejecutivo autonómico y el de Navarra, y si en algún momento se tomaron medidas «técnicas, jurídicas o políticas» para evitar los incumplimientos que la empresa acabó cometiendo.