Tres jefes de ETA figuran entre los presos candidatos a ser acercados a Euskadi

Según los registros de Instituciones Penitenciarias, son menos de una veintena los internos de ETA que padecen enfermedades más o menos graves –la izquierda abertzale los cifra en 21, aunque cuatro de ellos ya están en prisiones vascas o de Iparralde– y solo tres los septuagenarios. Así las cosas, no se trataría de un movimiento de gran calado en un colectivo cercano a los 230 internos en España.

Sin embargo, las palabras de Sánchez provocaron cierta sorpresa entre los técnicos penitenciarios encargados de evaluar, a través de las juntas de tratamiento, los posibles traslados. Sobre todo, porque hay tres sanguinarios jefes de ETA que, sin análisis pormenorizado de su historial, podrían entrar dentro de los parámetros generales de acercamientos anunciados ayer por Sánchez y que son matizados por su colaboradores. Tres nombres, reconocen desde altas instancias del Gobierno, que podrían provocar una fuerte reacción de las víctimas y de otros colectivos sociales.

Entre los enfermos, según los datos de Instituciones Penitenciarias, están José Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', recluso en Murcia II y aquejado de una ya diagnosticada cardiopatía isquémica grave. 'Kantauri' fue jefe del aparato militar de ETA entre 1993 y 1999 y ha sido condenado por atentados que suman más de 20 asesinato y decenas de heridos.

Entre los mayores de 70 años hay dos activistas que, a priori, también provocarían graves problemas al Gobierno. El primero es Joseba Arregi Erostarbe, 'Fiti', de 72 años y que lleva 26 años entre rejas. Actualmente preso en Villena (Alicante). Condenado a más de mil años de cárcel por varios atentados, formó, junto a Francisco Mujika Garmendia 'Pakito' y José Luis Álvarez Santa Cristina 'Txelis', la cúpula de ETA que fue detenida en marzo de 1992 en Bidart.

La tercera piedra en los planes de Pedro Sánchez se llama Santiago Arrozpide Sarasola, 'Santi Potros', de 70 años y que lleva 31 en prisión. Actualmente en la cárcel salmantina de Topas, tiene a sus espaldas 3.100 años de condena, entre ellas las de ser inductor de los atentados de Hipercor (Barcelona) y de la plaza de la República Dominicana (Madrid).

Marlaska en el Congreso –y posteriormente su equipo– precisaron ayer que la edad avanzada, estado de salud y el también repudio a ETA «se van a evaluar» y «son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta», como también lo será «la pena cumplida» hasta ahora. En cualquier caso, reiteró, será la Junta de Tratamiento de cada centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias las que evaluarán todas las circunstancias de cada interno y las que después establecerán los requisitos «necesarios e imprescindibles» para realizar ese tratamiento «individualizado». En esa línea, el ministro dejó claro que no habrá traslados colectivos, como hiciera el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998.

Marlaska no quiso mojarse en cuanto a fechas y plazos de los futuros movimientos. «Será cuando las circunstancias personales de cada preso, su resocialización y su sometimiento a la legislación penitenciaria (...) establezcan que es adecuado su traslado». «Serán traslados concretos, nada de traslados colectivos como ocurrieron en otra fecha», insistió el ministro.

La idea de Interior –según explicaron ayer responsables del ministerio– es usar como base de datos para estos acercamientos «individualizados» el censo encargado el pasado 23 de febrero por la anterior administración que encabezó Juan Ignacio Zoido.

Ese estudio, elaborado por todos los directores de los centros que albergan reclusos de ETA, recogía datos personales de los internos de la banda terrorista que se encuentran en segundo grado y sus progresos en la reinserción, así como de la situación de los reclusos enfermos.

De esos ficheros se extraerán los candidatos a los traslados, entre los que se primará a los que no tengan delitos de sangre y a los reclusos con penas cortas, lo que excluiría, a priori, a los tres jefes de ETA.