El otro traspaso de Prisiones

Falta menos de una semana y el Ejecutivo de Urkullu aún no ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para definir las condiciones de los casi 700 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral. Ellos lo que quieren es seguridad jurídica. A priori, las cosas no deberían cambiar demasiado. Pero, ¿y si cambian? ¿Y si les alteran las reglas de juego a mitad de partido? Es lo que atormenta a muchos empleados. Una duda no tanto económica -descartan que vaya a haber una merma en los ingresos-, sino más bien en lo que respecta a horarios, permisos y en cuanto a la especificidad de su trabajo, como el idioma. Y es que el personal de Instituciones Penitenciarias no tiene parangón en la Administración vasca. Sencillamente, porque hasta ahora no ha existido.

La mayoría de los funcionarios de Prisiones -aproximadamente el 85%- vive fuera de Euskadi, en Cantabria, Burgos, Miranda, Valladolid, León... Por ello, es habitual que se acojan a concurso de traslado para irse a centros más cercanos a su lugar de residencia. Pero en la última convocatoria, cerrada esta semana, las solicitudes se han disparado. Y dicen que las casualidades no existen.

La consejera Beatriz Artolazabal afirmaba ayer a este periódico que no espera «una estampida» de funcionarios y aseguraba que las condiciones de jornada, horario y sueldo se van a mantener al menos durante dos años. Es la etapa transitoria que irá de octubre hasta diciembre de 2023. En ese tiempo se tendrá que ajustar la transferencia y definir las condiciones definitivas de los trabajadores. ¿Y qué pasará después? ¿Y durante? Muchos prefieren guardarse las espaldas y por eso han solicitado el traspaso. Tienen unos meses para decidir si lo aceptan, y durante ese tiempo esperan que el horizonte se vaya despejando.

Mañana, tras la reunión de la mesa sectorial de Administración General, tendrán más información. Los sindicatos advierten de que no alcanzar un acuerdo «sería un error». Si ese escenario se confirma, auguran movilizaciones.

«Nuestro trabajo no es como una oficina; trabajamos con personas que están presas las 24 horas del día, los 365 días del año», resume Juan Carlos Díaz. Sabe de lo que habla: lleva dedicándose a ello 31 de sus 55 años de vida.

De lo que se trata es de «intentar que la convivencia sea buena», sostiene, «pero a veces es difícil». «En la cárcel hay un conjunto de problemáticas que todas juntas son una bomba incendiaria. Y ahí estamos los trabajadores, no los políticos», zanja. «Estamos todo el día apagando fuegos». De ahí que de cara al traspaso de la competencia demande «hechos, no palabras». «Acuérdense de lo que hemos vivido aquí», lanza. Especialmente cuando la violencia de ETA era una amenaza real y seria. «A los quince días de entrar yo a trabajar, la banda mató en San Sebastián a Ángel Mota», rememora. La amenaza terrorista hizo que tuviera que vivir «durante muchos años en Cantabria y en Burgos» porque «no había condiciones que permitieran hacer vida normal». Además, «el entorno de ETA tenía medios para condicionar la política de la prisión y tu trabajo. Nos hemos tenido que comer muchos sapos», lamenta.

«Para el Gobierno vasco todo es nuevo; hereda una situación que no ha creado», prosigue. Por eso se muestra escéptico y prudente ante el inminente traspaso de la competencia. «Habrá que ver con qué medios lo hacen y cómo. Aquí está todo inventado», apunta.

Un asunto que ha generado cierta polémica ha sido la posibilidad de que tengan que aprender euskera. «Nosotros no discutimos ese tema», asegura. «Es como funciona el sistema». Pero advierte que «en los centros tenemos entre 28 y 30 nacionalidades distintas». «Lo que nos hace falta son traductores», advierte.

Tiene 60 años y lleva 37 trabajando en Prisiones, 34 de ellos en Basauri como trabajadora social. Remedios Cadenas no cree que el traspaso de la gestión de las cárceles vaya a cambiar mucho su día a día: «Voy a ser igual de profesional que hasta ahora», afirma.

Sin embargo, sí se confiesa intranquila ante la incertidumbre de que no haya un acuerdo. «Nos preocupa cómo se definirán las condiciones en materia de libranzas, jornadas, días especiales...». También quieren «que se siga considerando el medio penitenciario como un medio especial con unas características de trabajo muy duras». «No es como una oficina», avisa. «Y queremos que se nos reconozca esa especificidad».

Cuando habla de su labor, Cadenas derrocha humanidad: «En cada interno ves a una persona, no ves sus delitos. No ves a un asesino, a un violador, a un etarra... Ves a una persona, que en muchas ocasiones está en una situación vulnerable». Y es que, como resalta, «nuestra función es que cuando salgan de aquí, salgan mejor. No nos corresponde juzgar lo que han hecho».

Por eso se muestra sorprendida cuando se dice que ahora la nueva política penitenciaria va a estar enfocada a la reinserción y la justicia restaurativa. «Como si hasta ahora les torturásemos», ironiza. «Hablan de justicia restaurativa como si hubieran inventado algo nuevo. Siempre ha sido así, se trabaja para la reinserción», sostiene.

No olvida Cadenas la época en la que ETA representaba una dura amenaza. «No decías la verdad sobre dónde trabajabas», rememora. «Tenías miedo de que los que salían te reconocieran en la calle. No podías hacer una vida normal». Por eso, pide que se les reconozca «la labor realizada».

«Lo que nos preocupa es que perdamos algunos de los derechos que hemos adquirido hasta ahora», resume Javier Pérez. Y es que tras cuarenta años pidiendo la transferencia, critican que el Gobierno vasco «no ha definido el modelo penitenciario que quiere aplicar», más allá de las referencias a la reinserción y la justicia restaurativa. «A ver cómo es ese nuevo modelo», advierte.

«nuestra única arma es la psicología». Si bien los centros cuentan con escudos y equipamiento bajo llave para situaciones delicadas, en la galería los funcionarios solamente llevan encima «un bolígrafo» para relatar los hechos. «No tenemos formación en defensa personal», algo que «venimos demandando», lamenta.

«Nuestra labor es educativa. Muchas veces los internos acuden a nosotros a pedir consejo», señala. «Lo mismo actúas de bombero que de primeros auxilios. Es una tarea muy dura que abarca de todo». Por eso, razona, el suyo «es un trabajo con mucha carga psicológica». «Te cuentan problemas que no te contarían en la calle. Hacemos de madre y de padre», confiesa. Y es inevitable que «a veces te lleves los problemas a casa. Por eso son importantes los días libres».

Al igual que Cadenas, deja claro que todo el trabajo que se hace dentro de la prisión «es para la reinserción». «Hacemos una labor de apoyo». Un trabajo que es más fácil cuanto más pequeño sea el centro. Por eso «en Basauri y Martutene el trato es mucho más personal, directo y eficiente». Más «humano». Y se dispensa a todos sin distinción. A los presos de ETA se les trata «con la misma profesionalidad» que al resto, «como no podía ser de otra manera», afirma. Incluso pese a que a raíz de la amenaza terrorista, él viva en Cantabria. Aunque «la situación ha cambiado, todavía te reconocen por ahí».

«Preocupación» es la palabra que más veces pronuncia Santiago Carral cuando habla de la situación en la que se encuentran los trabajadores de Zaballa, la antigua cárcel de Nanclares de Oca. Y es que en 2011, cuando se hizo la transición de un centro a otro, se mantuvo el mismo número de empleados, mientras que los módulos aumentaron de 8 a 15. «La situación aquí es más complicada y se prevé que se agrave, porque Zaballa va a ser el único centro de Euskadi con un módulo para presos de primer grado». Augura que la cárcel alavesa «se va a convertir en una olla a presión, y eso nos preocupa». «Somos pocos y cada vez más viejos», lamenta.

Esta situación, unida a la incertidumbre que rodea el traspaso de la competencia, le ha llevado a apuntarse al concurso de traslado. «Nunca me había planteado irme de aquí, pero ahora me lo planteo; no quiero que mi futuro dependa de una moneda al aire», sostiene.

Este veterano, de 56 años, que lleva desde los 20 trabajando en Prisiones, manifiesta un «sentimiento de maltrato» por parte de la administración. Por ejemplo, cuando se clausuró el módulo donde, a cambio de un canon, se alojaban los funcionarios de Zaballa. Interior decretó su cierre aduciendo problemas de infraestructuras y riesgo de colapso. Sin embargo, «mientras nosotros no teníamos luz ni agua corriente, se rodaba 'Maixabel' en la cárcel», denuncia. Al final se marcharon con una sensación «de mal sabor de boca», confiesa. De ahí que ante la negociación del traspaso afirme: «no nos podemos fiar de nadie».

También vivió la amenaza de ETA y demanda «un reconocimiento a la labor realizada». «Trabajamos con lo que la sociedad no quiere ver, lo que esconde bajo la alfombra».