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El PNV ha trasladado en privado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y a otros miembros del Gobierno y el grupo parlamentario socialista en Madrid que no tiene intención de echarse al monte y aprobar ... un Estatuto soberanista acordado solo con EHBildu, que sería inmediatamente recurrido ante el Constitucional y rechazado sin contemplaciones en las Cortes Generales. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, han explicado a sus interlocutores en las filas socialistas que buscarán un acuerdo más amplio y transversal para reformar la Carta de Gernika, que pueda ser asumido por más partidos y tenga opciones de llegar a aprobarse, lo que exige el visto bueno de la comisión constitucional y de las Cortes y su posterior ratificación en referéndum en Euskadi.
Así lo han asegurado a este periódico diversas fuentes al corriente de esas conversaciones discretas, un día después de que el presidente del Gobierno dijera sentirse, si no «tranquilo», sí «cómodo» con el mensaje que le han trasladado los principales líderes del nacionalismo institucional vasco tras apoyar la moción de censura que le aupó a La Moncloa. Sánchez no se refería, evidentemente, a las bases soberanistas acordadas por PNV y EHBildu en el seno de la ponencia de Autogobierno, que han encendido las luces de alarma no solo en la oposición, sino también en la propia dirección del PNV.
Sabin Etxea ha visto con incomodidad cómo el globo que comenzó a inflar convencido de que sería muy complicado alcanzar un acuerdo en el foro parlamentario no solo no se ha pinchado, sino que ha cobrado vida propia, con la inestimable colaboración de Joseba Egibar, en sus propias filas, y de una izquierda abertzale que no solo ha 'comprado' todas las propuestas del PNV sino que ha elevado a la categoría de «histórico» el pacto por su virtualidad como aglutinador del viejo sueño de la unidad abertzale.
Ese 'modus operandi', pese a que el pacto de coalición deja vía libre a PNV y PSE para defender sus respectivas posiciones en la ponencia de Autogobierno, choca frontalmente con la filosofía pactista y moderada que Urkullu y Ortuzar han defendido al alimón en sus respectivas responsabilidades. La bicefalia ha funcionado razonablemente engrasada hasta hace bien poco. En concreto hasta que la posición del PNV, que ha ido acordando con EHBildu todos sus planteamientos de máximos –sujeto político, bilateralidad de igual a igual, derecho a decidir, territorialidad, nacionalidad vasca frente a ciudadanía, euskera como lengua «propia», consulta habilitante– ha forzado al Gobierno vasco y al lehendakari a insistir en la necesidad de «ampliar los consensos» para buscar un acuerdo «integrador».
Un mensaje que también se sostiene puertas adentro en Sabin Etxea, pese a que el tono de la confrontación verbal entre PNV y PSE ha ido 'in crescendo' en los últimos días y a que los dirigentes jeltzales defienden con uñas y dientes, sobre el papel, las bases pactadas con EHBildu. Pero, por debajo de eso, intentan ganar tiempo para lograr enfriar un debate que amenaza con írseles de las manos y buscan fórmulas para lograr atraer, al menos, a Podemos y al PSE al campo del acuerdo. La misión no es tarea fácil. Las bases acordadas, creen los más críticos en el propio campo nacionalista, acotan en exceso el terreno a los cinco juristas que, a partir de septiembre, deberán redactar el texto articulado. «Con ese marco y esos principios es complicado hacer nada. Es como pretender llevar el plan Ibarretxe al terreno de la legalidad», vaticinan.
No obstante, otros análisis, mucho más posibilistas, creen que es factible reconducir el debate fuera del resbaladizo terreno en el que se mueve ahora durante la fase en la que el protagonismo recaerá en la comisión redactora del Estatuto. La estrategia del PNV pasaría por dejar la 'patata caliente' en manos de los expertos hasta después de las próximas elecciones municipales y forales y confiar en que se apacigüe el clima político. Y los juristas, a su vez, deberían examinar no solo las bases soberanistas sino también los votos particulares y pulir todas aquellas aristas que choquen con la legalidad vigente, además de intentar acomodar el texto a unos planteamientos más abiertos que permitan un consenso transversal. Los más optimistas piensan, incluso, que si Sánchez –que acaba de ofrecer a Cataluña votar otro Estatut– es capaz de aguantar dos años en Moncloa, aprobar unos Presupuestos propios y encarrilar el conflicto catalán no es descabellado sostener que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en materia de autogobierno.
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