Trapicheos relevantes

Bueno, todos no. El preacuerdo cerrado por el ministro Bolaños y el popular García Egea incluye la renovación del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, de la Agencia de Protección de Datos y de la parte que toca del Tribunal Constitucional, en concreto del tercio que corresponde elegir al Congreso. Una vez más el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) queda fuera por la negativa de los populares al relevo si no se cambia la ley para que sean los propios magistrados, y no los políticos, quienes elijan al grueso de los componentes del órgano. Una modificación que el PSOE, insiste, jamás aceptará convencido de la tendencia conservadora de la mayoría de la judicatura.

En otras palabras. Lo que a primera vista podía parecer, por fin, un paso adelante se queda en otro mero trapicheo partidista.

¿Por qué llega ahora el acuerdo y no fue posible hace uno, tres o diez meses? Eso sólo lo conocen a ciencia cierta Pedro Sánchez, Pablo Casado y sus círculos más próximos. Posiblemente, porque al líder popular le convenía algún gesto en positivo entre tanta crítica incendiaria al Gobierno. Y porque el PSOE se sale por un momento de su permanente foto con ERC, PNV o EH Bildu, no muy positiva para mantener y/o captar votantes centrados.

¿Que más puede haber detrás del movimiento de ficha del PP que ha propiciado este acuerdo casi inmediato, señal inequívoca de que todo llevaba pactado meses, y que el problema era sólo el veto conservador al compromiso? Posiblemente los populares buscan mejorar un poco más su posición en el Constitucional, el órgano encargado de garantizar que se cumplan los derechos de los ciudadanos, a la espera de lo que ocurra el próximo año.

Hoy el TC cuenta con sólo diez de los doce miembros que lo integran. El progresista Fernando Valdés renunció hace un año tras ser imputado por violencia machista y el juez Montoya, conservador, está de baja por un derrame cerebral que sufrió en verano. De los diez, seis son de tendencia conservadora y sólo cuatro presuntamente progresistas. Aun así, los populares desean a dos magistrados que tengan mayor sintonía con las tesis de Casado que los conservadores Andrés Ollero y González Rivas.

Este será, pues, el único matiz que cambiará por ahora. La gran partida se dirimirá en 2022. Entonces el Gobierno deberá renovar a sus dos representantes, con lo que dos magistrados conservadores dejarán su sillón a dos progresistas. Y el Consejo del Poder Judicial, a otros dos.

¿Qué sucederá si el CGPJ sigue bloqueado por el PP, y hay muchas opciones de que así sea? ¿Será posible que el Ejecutivo cambie a sus dos representantes y los dos del órgano de gobierno de los jueces queden sin renovar? La ley habla de la renovación de ambos a la vez. La diferencia es obvia: que el PP siga controlando el tribunal o que Constitucional pase a tener mayoría progresista.

Nuevos trapicheos partidistas, sí. Pero relevantes y de alcance.