Transparencia zanja que el silencio del Gobierno sobre las actividades de Begoña Gómez viola el derecho a la información pública

En una resolución fechada el pasado 29 de agosto, firmada por el presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, y a la que ha tenido acceso este periódico, el organismo exige en concreto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -el que dirige Félix Bolaños- que conteste a una petición de información que una particular cursó el pasado 21 de febrero y revele los pormenores de los trabajos y contactos que la esposa del jefe del Gobierno mantiene con el Ejecutivo de Ghana y, en particular, con su Embajada en Madrid. La solicitud se registró antes de que se abrieran, en abril, las diligencias previas en las que está imputada Gómez.

Transparencia denuncia que el Gobierno no solo no ha contestado a la persona que demanda los datos, sino que tampoco ha respondido al propio consejo cuando el 26 de abril de 2024 se quejó ante Presidencia de que había ignorado por completo la solicitud de información de quien la requiere. Esa fecha es dos días posterior a que Sánchez anunciara su excepcional retiro de cinco días en la Moncloa para reflexionar sobre si continuaba o no con sus responsabilidades.

«Esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», zanja el CTBG, que además denuncia que «este proceder (el de ni siquiera contestar) dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información».

Es por ello que el organismo demanda ahora al Ejecutivo que «remita a la reclamante» la información que pedía, que se refería a tres cuestiones. La primera, «copia de las comunicaciones existentes en Presidencia del Gobierno con la embajada de Ghana, concertando la entrevista de la mujer del presidente del Gobierno con el embajador de Ghana en España». La segunda demanda era conocer la «relación de viajes oficiales del presidente del Gobierno con su esposa a Ghana, medios de transporte empleados y motivo de dichos desplazamientos». Y el tercer bloque pretendía conocer «la relación de medios de transporte oficiales empleados por la mujer del presidente del Gobierno en sus viajes a Ghana desde el año 2019 y gastos realizados en dichos viajes».

La polémica sobre los vínculos entre Gómez y Ghana y si las dudas de si ésta podría haberse prevalido de su posición como pareja del presidente tiene su origen en una nota oficial que el 18 de febrero de 2022 publicó en su web la legación diplomática del país de África Occidental y que reveló un encuentro entre Gómez (a la que solo se identificaba como «esposa» de Sánchez) y el embajador. Una reunión cuyo objetivo no quedaba claro, como tampoco en qué papel acudió Gómez a ese encuentro y cuál era la «oficina» que decía representar la hoy imputada, de acuerdo con la redacción textual de aquel comunicado.

«La esposa del presidente del Gobierno español, María Begoña Gómez Fernández, se reunió con el embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana en Madrid el 31 de enero de 2022 para analizar posibles áreas de colaboración entre su oficina y la Misión. La esposa del primer ministro, que también viaja con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar adelante proyectos orientados a cuestiones de género y al empoderamiento de las mujeres ghanesas a través del emprendimiento», relataba la nota oficial, que se acompañaba con la fotografía de la esposa de Sánchez con el jefe de la legación.

Según publicó El Confidencial en julio, el IE Africa Center para el que por entonces trabajaba Begoña Gómez recibió 150.000 euros del Gobierno de Ghana once días después de que la ahora investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios se reuniera con el embajador en Madrid en calidad de «esposa del primer ministro español».

Esta resolución de Transparencia pone fin a la vía administrativa, por lo que si Moncloa sigue sin responder a la persona que reclama los datos sobre los vínculos de Gómez y las autoridades de Acra, la misma tendrá que recurrir a la costosa vía judicial interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.