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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sostenido en un nuevo informe entregado al juzgado que instruye el 'caso Koldo' -la presunta trama de comisiones en contratos públicos para la compra de mascarillas- que uno de los agentes investigados, el comandante Rubén ... Villalba, destinado en la Embajada de Venezuela, recibió pagos durante al menos dos años «para asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal». Además de este cometido, el agente recibió el encargo de Koldo García de conocer si su entonces jefe José Luis Ábalos, ministro de Transportes, o el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tenía sus teléfonos «pinchados».
Los cuatro agentes que firman el documento incriminatorio de la UCO señalan que el comandante Villalba habría recibido «una contraprestación económica que podría ascender a más de 88.000 euros entre 2021 y 2023». Las entregas habrían partido tanto de Víctor de Aldama, presunto «conseguidor» de la red, como del citado Koldo García. El objetivo, destacan, era «salvaguardar sus comunicaciones y su seguridad personal» y garantizar la «protección de los actos de corrupción propios de la operativa delictiva».
El papel central en este organigrama lo tenía, según la UCO, el empresario De Aldama, que habría actuado como «nexo corruptor» que conectaba «de manera premeditada y con intenciones claramente espurias» la administración estatal «con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección». El que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol no solo ganó dinero por su «penetración» en el Ministerio de Transportes, donde varios testigos han admitido que lo vieron alguna vez en la planta noble, sino que también utilizó «como vehículos para efectuar pagos ilícitos o dádivas en aras de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos».
El informe de la UCO, por lo tanto, incluye «un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de De Aldama», dado que «logra infiltrar su presunta organización criminal dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén (Villalba)». El comandante habría recibido pagos en efectivo desde mayo de 2021 hasta 2023 por una suma periódica de 2.000 euros. Esos ingresos eran abonados en ocasiones a agentes subordinados de Villalba, quien les «daba instrucciones» sobre las cuentas que debían ingresar y el concepto.
Sobre los pagos de Koldo García, la UCO explica que no tienen cifra exacta de lo que abonó por teléfonos móviles seguros, pero sí saben que le dio 4.000 euros en efectivo en el restaurante La Chalana de Madrid en septiembre u octubre de 2023. En ese apartado de las comunicaciones, los investigadores analizan documentos y conversaciones y destacan que Villalba asignó terminales móviles tanto a De Aldama como a Koldo García. Según sostuvo el propio guardia civil, ambos «habrían entregado dinero en efectivo con la contrapartida de obtener teléfonos en B».
Tras analizar las cuentas bancarias del guardia civil investigado y de su pareja, el informe explica que en total ha recibido abonos por valor de 145.000 euros de origen desconocido entre 2017 y 2023, y acota que en el periodo que abarca pagos acreditados por De Aldama (2021-2023) suman más de 88.000 euros, el 60% del total.
En otro punto del informe entregado al juzgado de la Audiencia Nacional, se señala que Koldo García preguntó a Villalba antes del estallido de la operación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos, tenían los teléfonos «pinchados» o si conocía el teléfono personal del jefe del Ejecutivo.
«Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición siempre nos ha pedido telefonía básica, no smartphone, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros», aseguró Villalba en una de las comunicaciones intervenidas por los agentes de la UCO, al que dibujan con cierta obsesión por la seguridad porque manejaba cada mes dos o tres teléfonos.
La Guardia Civil sostiene que también De Aldama «utilizaba estos teléfonos para comunicarse con otras personas que pudieran estar bajo investigación» y llegó a asegurar que utilizaba ese método «para que no les pillaran». El empresario intercambió mensajes desde esos móviles con su socio Claudio Rivas. Los agentes recuerdan que ambos estarían presuntamente implicados «en distintos fraudes en el sector de los hidrocarburos» que se encuentran ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Precisamente, comparecerán en sede judicial este jueves tras ser detenidos el pasado lunes.
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