Torra se aferra al cargo y desoye también la orden del Supremo para que deje el Parlament

La decisión del Supremo abre la puerta a un nuevo conflicto institucional porque el presidente catalán asegura que no va a acatar la decisión. «No nos echaremos atrás», ha retado en una apresurada comparecencia en la Delegación de la Generalitat en Girona, donde visitaba las zonas afectadas por la borrasca 'Gloria'. Ha recordado que la Mesa del Parlamento de Cataluña ratificó la decisión del pleno de no aceptar su inhabilitación, y de esa manera traspasó una vez más la patata caliente al presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha convocado para el lunes que viene una reunión de la Mesa de la Cámara para tomar la decisión de obedecer o no al Supremo.

Si el órgano rector del Parlament decide que debe ser el pleno el que resuelva la situación es muy probable que la resolución del tribunal sea desoída porque las fuerzas independentistas son mayoritarias. Torra, en ese caso, tendrá el lunes la posibilidad de votar y desafiar por primera vez al Supremo. Ciudadanos y el PP ya han anunciado que presentarán querellas por desobediencia contra Torrent si le permite votar en el pleno. Los servicios jurídicos del Gobierno catalán mantienen que Torra puede seguir como presidente de la Generalitat aunque sea apartado como diputado. Ciudadanos y el PP, en cambio, no lo ven así y consideran que debería dejar de ser jefe del Ejecutivo catalán. Ciudadanos y el PSC reclamaron ayer mismo a Torrent, dirigente de Esquerra, que encargue un informe a los letrados del Parlament.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal decidió por unanimidad de sus cinco miembros rechazar la petición de paralizar de forma cautelar, y mientras no haya sentencia firme, la decisión de la Junta Electoral de considerar que Torra ha incurrido en «inelegibilidad sobrevenida». El jefe del Ejecutivo autonómico recurrió la sentencia ante la Sala de lo Penal del Supremo, que deberá decidir en un futuro si confirma o revoca el fallo del Tribunal Superior de Cataluña que le condenó a la inhabilitación por desobediencia.

Los magistrados, tras dos días de deliberaciones, confirmaron el criterio de la Junta Electoral de que Torra debe entregar su acta en aplicación del artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece que son «inelegibles» los «condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (…) contra la Administración Pública».

Fuentes del Supremo han recordado que este artículo se ha aplicado en infinidad las ocasiones en administraciones locales, provinciales o autonómicas con cargos que han sido apartados de la función pública con sentencias en primera instancia tras condenas por delitos «contra la Administración Pública», como la corrupción, aunque después muchos fueron absueltos en el Supremo o el alto tribunal rebajó sus inhabilitaciones. En forma alguna, apuntaron estas fuentes, cabría hacer una excepción con el caso de Torra.

El alto tribunal, con su decisión, podría complicar que Torra pueda reunirse a principios de febrero con Pedro Sánchez. Pero, sobre todo, propina un varapalo a la Fiscalía. El Ministerio Público, en lo que algunos interpretaron como un gesto al independentismo tras facilitar Esquerra la investidura de Sánchez, respaldó la petición de Torra. Solo días después del anuncio de que la exministra Dolores Delgado dirigirá el Ministerio Público y en sintonía con los argumentos de Torra, la Fiscalía sostuvo que si prosperara el recurso del presidente contra la sentencia del TSJC el daño provocado a Torra con su apartamiento preventivo de la política sería irreparable. Una conclusión negada por el Supremo: «el acuerdo impugnado no crea una situación irreversible».

Hasta ahora, el Parlament, con los votos del PSC además de los soberanistas, se ha negado a retirar el acta a Torra. Es una decisión inédita que estudia la propia JEC para decidir si actúa contra la cámara autonómica. La mayoría de los juristas y la Fiscalía sostiene que la inhabilitación como diputado no obliga a Torra a dejar la Presidencia de la Generalitat. Es condición 'sine qua non' ser parlamentario para ser elegido presidente del Govern, pero no hay ningún precepto que fije que haya que ser diputado para mantener el cargo.