Y ahora... Otegi

Pero ahora el Tribunal Constitucional le ha echado por tierra la orden admitiendo el recurso de amparo presentado por Otegi.

Como con tantos otros ejemplos en esta legislatura, nos encontramos en una situación sin precedentes. El Tribunal Constitucional convertido en órgano juzgador sustituyendo al Alto Tribunal. A la mayoría de izquierdas no le parecía oportuno volver a ver al socio de Pedro Sánchez sentado en el banquillo. Además, si la repetición de la comparecencia había sido rechazada por el propio condenado y se vulneraría el principio que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos, ¿para qué volver a escenas del pasado? Pero el Supremo, precisamente, se había acogido al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de repetir un juicio cuando se advierte «un vicio esencial en el proceso anterior». ¿Es normal en nuestro ordenamiento jurídico este exceso de competencias que se ha atribuido el Constitucional?

Como viene siendo habitual, los votos han sido siete a favor y cuatro en contra. Una situación que influye negativamente en la credibilidad de la Corte de Garantías. La revocación de la orden del Supremo abre la puerta a que se proceda al borrado de los antecedentes penales de Otegi y a que el Estado tenga que indemnizarle en concepto de responsabilidad patrimonial.

El Tribunal Constitucional ha puesto el motor en marcha para allanar el camino a Pedro Sánchez en su angosto camino hacia la permanencia en la Moncloa.

Con sus dos enmiendas, la que afecta al ex diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, y la de Otegi, envía al Tribunal Supremo un mensaje envuelto en togas manchadas de polvo. La mayoría de izquierdas está dispuesta a actuar como si representara a un Tribunal de Casación cada vez que la causa examinada vaya a perjudicar los intereses del Gobierno.

El Constitucional se ha extralimitado en sus funciones. «Excesiva intromisión», dicen en el Supremo. Este choque entre tribunales no hace más que añadir más combustible al estado de polarización política en nuestro país. El Supremo es el máximo intérprete de la ley en todos sus órdenes jurisdiccionales. El Constitucional debería limitarse a determinar posibles vulneraciones de derechos. Este exceso del Tribunal de Garantías sólo se explica por un empeño en sustituir al Supremo. Mal síntoma para un Estado democrático.