Desvaríos electorales en Cataluña

Está por ver, en las urnas, el impacto de la prueba de estrés a la que Pedro Sánchez sometió a toda la militancia socialista con la farsa de sus dudas dimisionarias pero, a estas alturas, lo que queda fuera de toda duda es que el pulso se libra entre Illa y Puigdemont, del que ERC queda fuera. Entre el candidato de Sánchez y el prófugo de la justicia.

Esta carrera electoral, plagada de vetos cruzados, está proyectada sobre una quiniela y una novedad. La quiniela pivota sobre la opción B: si el independentismo suma o no una mayoría absoluta (y esta vez el partido antiinmigración de los ultras de Aliança Catalana sería clave a la hora del recuento aunque Junts y Esquerra ya lo han descartado como aliado). La novedad: las dudas de Illa sobre sus alianzas. En cuestión de horas ha pasado de dejar la puerta abierta a posibles pactos con Junts a decir que con Puigdemont no puede haber acuerdo porque su partido es el del bloqueo. ¿En qué quedamos? El cambio de actitud tiene una explicación. El desprecio con el que Puigdemont acogió la oferta de Illa diciendo que «su credibilidad es cero». Y, a partir de ese momento, el candidato socialista se dio por enterado de las bazas con que juega el prófugo de la justicia. Por lo tanto, si no hay pacto entre socialistas y Junts, será porque Puigdemont no quiere.

El personaje más controvertido de la política española desde que se fugó del país dejando plantado a Oriol Junqueras y que ahora se beneficiará de la ley de amnistía que ha impulsado Pedro Sánchez, tiene a gala decir que Junts ha arrancado más réditos a Sánchez que los pragmáticos de ERC. Normal. Con la eliminación de los delitos de sedición, rebaja de la malversación, indultos, la ley de impunidad… Por eso se plantea el examen del próximo domingo como un plebiscito en torno a su persona. ¿Se retirará si no consigue presidir la Generalitat? Por si acaso las cañas se tornan lanzas en las urnas, adelanta su veredicto: están mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017. Y no le falta razón. Porque el Estado, después de la reforma del Código Penal para borrar delitos del procés y de la próxima ley de amnistía, va a quedar más indefenso ante nuevos desafíos de los secesionistas.