El Supremo sostiene que la estrategia de los condenados «ha sido un engaño»

El Gobierno, con la prometida colaboración de PP y Ciudadanos para la respuesta legal si fuera necesaria, apuesta una vez conocida la sentencia por «la firmeza democrática, proporcionalidad y unidad», pero sin desatender el diálogo. El diagnóstico de Sánchez es conocido y circunscribe el conflicto político a la crisis de convivencia entre catalanes, no a las pretensiones secesionistas de un sector de la población.

Torra, por su parte, no se apea de la existencia de «una mayoría» soberanista que exige una solución política a sus demandas con el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por eso, la sentencia debe ser corregida con una «amnistía». Eso, según el presidente catalán, sería «el punto final» para esta fase del 'procés'.

La exconsejera Clara Ponsatí no estaba en el banquillo de los acusados porque se fugó con Puigdemont, pero una confesión suya, en junio de 2018 en un acto en Londres, según la cual comparó el 'procés' con «una partida de póquer» en la que la Generalitat «iba de farol» resume en buena medida la filosofía de la sentencia del Tribunal Supremo. Todo, afirman los siete magistrados, fue un engaño y los líderes independentistas condenados sabían que habían urdido «una quimera» culminada en una «simbólica e ineficaz» declaración de independencia cuyo único fin era forzar al Gobierno de España a negociar una consulta.

Así reza el fallo del alto tribunal, que condenó por sedición y malversación de fondos públicos a trece años de prisión a Oriol Junqueras, y a doce años a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Castigó con once años y seis meses solo por sedición a Carme Forcadell; a diez años y seis meses a Joaquim Forn y Josep Rull; y a nueve años a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los exconsejeros Meritxell Borràs, Santiago Vila y Carles Mundó no entrarán en la cárcel pero deberán pagar una multa de 60.000 euros.

La Sala, presidida por Manuel Marchena, también ponente de la sentencia, resolvió que lo vivido en septiembre y octubre de hace dos años en Cataluña no fue una rebelión, como tipificó la Fiscalía, fue una sedición, como argumentó la Abogacía del Estado. Pero ¿Qué hubiera pasado si los servicios jurídicos no hubieran acusado de sedición? Una respuesta que no es sencilla porque un tribunal no puede condenar por delitos no calificados por las acusaciones.

Digresiones jurídicas al margen, la sentencia fue todo menos una sorpresa. La detallada filtración había despejado todas las incógnitas menos la numérica. Al final, los jueces optaron por la parte alta de la horquilla prevista en el Código Penal para los delitos de sedición, que iba de cuatro a quince años. La filtración, además, tuvo un efecto amortiguador en el mundo independentista, no hubo el shock que habría supuesto una condena sin la preparación anticipada. Pero también sirvió para que las fuerzas constitucionalistas armonizaran sus coincidencias en detrimento de sus diferencias, aunque ya se atisba en el horizonte alguna discrepancia que calentará la campaña electoral.

El presidente del Gobierno se reafirmó en el tono sin concesiones de las últimas semanas -nadie se olvida de que hay una elecciones en menos de un mes- y prometió el «cumplimiento íntegro» de la sentencia, una terminología que trae reminiscencias del pasado terrorista de ETA, y con la que trató de zanjar el debate sobre los indultos con el que le presionan PP y Ciudadanos.

Pedro Sánchez leyó una declaración institucional en la Moncloa en la que, además de alabar la labor garantista y transparente del Supremo, anunció que si la respuesta independentista desborda los marcos legales actuará con «firmeza democrática, proporcionalidad y unidad», todo ello «sin excluir», remarcó, ninguna de las bazas legales, léase artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. Con la sentencia, «concluye un proceso fracasado», aunque, alertó, todavía «vamos a asistir a los estertores de una etapa superada».

Unas palabras que, pese a todo, no convencieron a los líderes del PP y Ciudadanos. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera se desmarcaron del presidente del Gobierno pero lanzaron varias advertencias y plantearon algunas exigencias.

El presidente de los populares propuso «introducir en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal, modificar la ley de indultos para prohibirlos a los condenados por rebelión y sedición, e introducir el delito de sedición impropia». También imbuido del espíritu electoral, prometió hacerlo si llega a la Moncloa después del 10 de noviembre. Asimismo defendió la recuperación para la administración central de las competencias penitenciarias cedidas a la Generalitat de Cataluña en 1983. Casado teme un tratamiento laxo para los condenados por parte de la autoridad penitenciaria dependiente del Gobierno de Torra.

Rivera compartió esa inquietud y propuso a Sánchez que convoque una reunión a tres -el presidente, él y Casado- para acordar la forma de «garantizar la seguridad» tras la sentencia y alcanzar también un compromiso para evitar que los «políticos delincuentes condenados» obtengan «beneficios penitenciarios», como el indulto. El presidente del Gobierno recogió el guante y ayer por la tarde conversó por teléfono con Casado, Rivera y con Pablo Iglesias. Las conversaciones se desarrollaron con «lealtad institucional», según fuentes gubernamentales, que también indicaron que Sánchez podría reunirse con los líderes de la oposición «de acuerdo a la marcha de los acontecimientos».

En paralelo, la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, convocó ayer al cuerpo diplomático acreditado en España para informarles sobre la sentencia del Tribunal Supremo. También envió a las embajadas y consulados españoles en el exterior informes sobre el mismo asunto junto a la declaración institucional del presidente del Gobierno. La batalla por el relato en el exterior es un flanco que el Ejecutivo de Sánchez, escarmentado con lo que ocurrió el 1-O, no quiere dejar desguarnecido en esta ocasión.

El presidente de la Generalitat, acompañado de todos sus consejeros y del presidente del Parlament, también recurrió a la declaración institucional, pero de la anunciada desobediencia institucional apenas hubo noticia. Quim Torra apeló a su retórica habitual para galvanizar a los suyos, pero no anunció nada concreto. Convocó una reunión extraordinaria para hoy de su gabinete, aunque la verdad es que el consejo de gobierno se reúne todos los martes. Reclamó al presidente de la Cámara que convoque mañana un pleno monográfico sobre la respuesta a la sentencia, una forma de trasladar al republicano Roger Torrent la responsabilidad de una reunión de consecuencias imprevisibles.

El presidente catalán asimismo envió cartas al Rey y al presidente del Gobierno para solicitar sendas reuniones urgentes sobre el conflicto catalán. Ni La Zarzuela ni la Moncloa dieron acuse de recibo.

Torra dejó la contestación al Supremo en manos de la calle, y lo mismo hizo Puigdemont desde Bruselas. El expresidente reclamó «una respuesta sonora y masiva» de «rechazo, dignidad y firmeza» contra la sentencia. También recurrió al discurso épico para denunciar que «en un Estado que condena a disidentes pacíficos, la democracia está encarcelada». De la reactivación de su euroorden y sus planes futuros, ni mención.

Entretanto, la respuesta callejera vivió sus momentos más tensos a última hora de la tarde en el aeropuerto de El Prat, donde los independentistas intentaron tomar las instalaciones, pero fueron repelidos por cargas de los Mossos. Incluso hubo algún hombro con hombro con los agentes de la Policía Nacional, que volvió a enfrentarse a manifestantes en Barcelona por primera vez desde el 1 de octubre de 2017.