El Supremo ratifica que el Ejecutivo vasco no protegió bien a ertzainas y sanitarios

El origen de estas dos sentencias -cuyo contenido exacto se conocerá en las próximas semanas- se encuentra en los recursos presentados por los sindicatos en los primeros meses de la pandemia. En el caso de la Ertzaintza, fueron las centrales ERNE y ESAN las que decidieron judicializar este asunto ya que entendían que los agentes estaban trabajando sin medidas de protección suficientes. Entre otras muchas cosas, se quejaban de la falta de mascarillas y de otros tipos de equipos de protección. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a las centrales sindicales y, entre otras medidas, obligó al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a realizar «pruebas serológicas a todos los ertzainas» comenzando por los que presentan más riesgo de contacto por su cercanía al ciudadano, como son los patrulleros.

El Ejecutivo autonómico recurrió esta sentencia en Madrid. Y el Supremo ha reafirmado ahora el fallo de los jueces vascos, que consideraron «lesionados» los «derechos fundamentales» de los sanitarios y los ertzainas. Además, el alto tribunal ha tomado otras determinaciones, a la luz de los argumentos empleados en los recursos. Y no son menores.

Por ejemplo, el Supremo ha reafirmado su «propia competencia en materia de prevención de riesgos laborales para el personal laboral, estatutario y funcionarial de las Administraciones Públicas y, en concreto, del Servicio Vasco de Salud y de la Ertzaintza». También considera «adecuado» el proceso de tutela judicial de derechos fundamentales, en concreto a la vida y a la integridad física, «por las extraordinarias circunstancias» en las que el personal sanitario y la Policía han tenido que efectuar su trabajo durante el «periodo inicial» de la pandemia.

Por último, también se reconoce a los sindicatos «legitimación» para solicitar la tutela de dichos derechos fundamentales ya que los «posibles afectados constituyen un grupo de personas genérico e indeterminado».

El Gobierno vasco emitió un comunicado poco después de que se conociese el dictamen judicial. En una nota, el Ejecutivo afirmó que «respeta, pero no comparte» las sentencias del Supremo, igual que «no compartió» el dictamen anterior del TSJPV. Por eso -recalcó- decidió recurrir en Madrid. Además, insistió en que se debe recordar la escasez de medios que padeció todo el mundo en la primera ola de la pandemia. Algo que ya se ha subsanado porque ahora garantiza equipos de protección a todo el personal en la Administración pública vasca.

El Ejecutivo ha recalcado que es necesario «contextualizar esta demanda en los momentos iniciales de la pandemia mundial, hace casi un año». «Se trataba de un momento en la que el material sanitario para atender a las víctimas de la Covid-19, así como los equipos de protección de los profesionales sanitarios de Osakidetza, y otras profesiones esenciales para afrontar la pandemia, como la Ertzaintza, escaseaban en todo el mundo», manifestó.

También cree que es «importante destacar que fue un momento de máxima complejidad por la situación de ausencia y bloqueo en la fabricación mundial de equipos que afectó a todos los ámbitos y lugares». «Nos encontrábamos en pleno confinamiento domiciliario y en un contexto de cierre de todas las actividades productivas, logísticas y de transporte», remarcó.

En la actualidad, sin embargo, estos problemas se han subsanado y las entidades públicas cuentan con los «protocolos y planes de protección acordes a la evaluación del riesgo de cada persona de la plantilla». Por último, el Gobierno vasco garantiza «la provisión de los materiales sanitarios y de protección que se fijan con criterios profesionales de estos servicios de prevención y salud laboral».