La Fiscalía del Supremo pide que se ratifiquen las condenas del 'caso De Miguel'

Según ha adelantado 'El Mundo' y ha podido confirmar EL CORREO, el Ministerio Público sostiene que «no existe ninguna base probatoria que acredite la manipulación de evidencias» y, eso sí, mantienen que existió un «uso de influencias políticas» por parte de De Miguel y Tellería con el que buscaban «un beneficio económico por cauces distintos y no sometidos a la legalidad vigente». El tribunal que les juzgó -presidido por el juez Jaime Tapia, ahora asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria- ya consideró probado que ellos dos y Ochandiano aprovecharon su «gran influencia» en la esfera política del territorio histórico para obtener «un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

La Fiscalía tampoco cree que existiese un retraso injustificado en la resolución del proceso. «Es evidente que el plazo de casi diez años transcurrido entre la incoación del proceso (diciembre de 2009) y el dictado de la sentencia es un plazo desmedido que justifica la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pero si tenemos en cuenta la complejidad y la dificultad técnica del caso, las dificultades operativas de la investigación, la voluminosidad del procedimiento (26.000 páginas de sumario) y la pluralidad de partes investigadas, es razonable de la decisión del tribunal de aplicar las dilaciones indebidas como atenuante simple y no muy cualificado», admite.

En cambio, los responsables del Ministerio Público en el Tribunal Supremo no han accedido a la petición de sus colegas de Álava de recurrir la absolución en el delito de coacciones. Y es que el tribunal que juzgó a los 26 imputados -entre los que había destacados cargos del PNV- estimó en su sentencia que no se ejerció «una especial presión» sobre la denunciante, la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, como para incurrir en dicha infracción.

Los magistrados sí que apreciaron que De Miguel (trece años de cárcel) y sus socios Koldo Ochandiano (siete) y Tellería (seis) incurrieron en los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. También fueron condenados a penas de reclusión el antiguo director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles; el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan; el empresario cultural Josu Montes, y el constructor Jon Iñaki Echaburu. Sus respectivos abogados desean que el Tribunal Supremo revise unas condenas por considerarlas «desproporcionadas» y que no se habrían imaginado «ni en el peor de los sueños».

Las esposas de 'Txitxo' (como todo el mundo conoce al antiguo 'número dos' del PNV alavés) y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu, fueron condenadas a año y medio de cárcel. La pareja de Tellería, Araceli Bajo, quedó absuelta por considerarse que no participó de forma activa en la constitución de las diferentes sociedades de la trama.