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Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez ya se habían revuelto contra el ministro Marlaska por la avalancha mortal del pasado 24 de junio en ... la valla de Melilla pero, entre ellos, el PNV había preferido mantener hasta ahora un discurso crítico pero de perfil más bien bajo. Hasta ahora. Sabin Etxea decidió ayer dar un golpe en la mesa y sumarse a la presión por tierra, mar y aire al titular de Interior para que ponga «inmediatamente» a disposición del Congreso las grabaciones del salto en el paso fronterizo de Barrio Chino en que fallecieron entre 23 y 72 inmigrantes.
El vaso que desbordó la paciencia de los jeltzales, que siempre se han reivindicado como el socio «más leal» del Gobierno, fue una entrevista del ministro de la Presidencia el lunes en la Ser. Félix Bolaños defendió, a la pregunta de si Marlaska ha dado «todas» las explicaciones pertinentes por el asalto, que el Gobierno ha facilitado «todos los vídeos que tenemos, además de manera íntegra». No obstante, esa versión choca con las quejas expresadas por el Defensor del Pueblo, que cree que se ha cercenado al menos hora y media del metraje.
Aun así, a la oficina de Ángel Gabilondo le ha bastado para poner en duda, en un informe conocido esta semana, la versión gubernamental, y asegurar que la Guardia Civil apedreó a inmigrantes, que Interior supo en directo lo que estaba sucediendo y que hubo expulsiones sin garantía legal alguna. Ayer, en un nuevo documento, el Defensor vinculó la tragedia a la imposibilidad de los extranjeros de acceder a las oficinas de Exteriores para presentar solicitudes de asilo.
Pese a la bola de nieve, Bolaños insistió en que el Gobierno ha entregado «todo lo que tenemos». «No podemos dar lo que no tenemos. Y todo lo que tenemos de manera transparente se ha dado no solo a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo para que investiguen, sino también a los grupos parlamentarios. Todas las fuerzas políticas han podido verlo. Mayor transparencia no se puede pedir», abundó el ministro. Esa fue la chispa que detonó la mecha del enfado y del «malestar» en el grupo del PNV, que sostiene que en el viaje de los portavoces de Interior a Melilla el pasado día 7 apenas pudieron ver «uno o dos fotogramas» del asalto, unas «capturas». Al regreso de la ciudad autónoma, según coinciden distintos grupos consultados, el Gobierno aseguró que los parlamentarios podrían acceder a los vídeos en los días siguientes. Pero no ha sido así.
«Han pasado ocho días del viaje a Melilla y no sabemos nada», denunció el diputado jeltzale Mikel Legarda, uno de los que viajó a la frontera, que contradijo sin miramientos la versión de Bolaños. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reprodujo sus palabras en su cuenta de Twitter. «Lo grave es que se da por supuesto que esos vídeos son accesibles y que están en nuestro poder, incluso el Gobierno lo está asegurando, cuando no es cierto», lamentó Legarda. A renglón seguido, el parlamentario del PNV, a punto de cumplirse cinco meses de la tragedia, exigió a Marlaska «la transparencia que tanto predica y tan poco practica» para que ponga «las cinco horas» de grabaciones a disposición de la Comisión de Interior de manera «inmediata».
El PNV se suma así a grupos como EH Bildu, Esquerra y Unidas Podemos que, al regresar de Melilla, ya exigieron al Ministerio que agilizara los trámites para acceder a las imágenes en lugar de supeditarlo a una próxima reunión de la Mesa de la comisión.
El diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu se dirigió por correo electrónico al presidente de la comisión, el socialista José Luis Ábalos, tras hacerse público un vídeo en el que podía constatarse que los subsaharianos que lograron franquear la cancela fronteriza con Marruecos se encontraban en suelo español y no en 'tierra de nadie', como sostiene el Gobierno. «Teniendo en cuenta que existe la autorización del Ministerio y que la Fiscalía no ha puesto pegas, solicito que la Mesa fije cuanto antes la fecha del visionado», exigía EH Bildu, que, igual que otros aliados del Gobierno, está convencida de que se recurre a la «burocracia parlamentaria» para «ralentizar al máximo» la difusión de las imágenes mientras escampa, si es que lo hace, la tormenta política sobre Marlaska.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró ayer que la tragedia del pasado mes de junio en la valla de Melilla «merece una investigación a fondo» y apuntó que «es posible» que en el desarrollo de las diligencias practicadas desde el Ministerio Público se pueda requerir «algún tipo de aportación probatoria» para continuar los trabajos. El responsable precisó que la Fiscalía se encuentra ahora en una fase «de análisis del material de lo que tenemos y de ir pidiendo otras diligencias si dicho análisis nos exige completar algo concreto».
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