Subijana pide «concreción normativa» ante el reto para los jueces del fin del estado de alarma

Iñaki Subijana Zunzunegui (San Sebastián, 1963) fue elegido a principios de marzo nuevo presidente del Tribunal Superior vasco, que había estado dirigido de forma interina durante ocho meses por Garbiñe Biurrun. En un escenario de profunda división en el seno del Poder Judicial -aún sigue pendiente su renovación-, el magistrado guipuzcoano cosechó el respaldo suficiente para convertirse en el sustituto de Juan Luis Ibarra como máxima autoridad de la judicatura en Euskadi.

Su puesta de largo se celebró este jueves en el Palacio de Justicia de Bilbao y estuvo presidida por Carlos Lesmes, máximo representante del Tribunal Supremo y del CGPJ, y contó, entre los pocos invitados, con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, que vio como el nuevo presidente del TSJPV entraba de lleno en una de las materias que más le preocupa tanto a él como a su gobierno.

Y es que el hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa asume el mando en el principal órgano de la judicatura autonómica en un momento especialmente delicado. Con un estado de alarma que expira el 9 de mayo, si Pedro Sánchez no cambia de opinión en los próximos días, y con los tribunales con la potestad última para decidir sobre las restricciones a las libertades individuales y colectivas frente al coronavirus.

Subijana se declaró consciente de «la importancia» del sistema de justicia en «la solución de los conflictos existentes entre valores jurídicos valiosos en una sociedad democrática, como la libertad, en sus diversas manifestaciones -incluido el plano económico-, y la salud» de las personas. Del «juicio de ponderación», prosiguió, que deben realizar los jueces a la hora de «perfilar» cuál es el «valor menor a sacrificar» a la luz de los principios de «legalidad, necesidad y proporcionalidad».

Vino por ello el nuevo presidente del Tribunal Superior vasco a pedir claridad. Emplazó a «los legisladores» a ofrecer una «concreción normativa» que despeje el horizonte de las restricciones que podrán aplicar los gobiernos autonómicos una vez se levante el estado de alarma. Y «minimizar con ello la incertidumbre, la confusión y desorientación social», añadió.

Los líderes de las diferentes comunidades han advertido en reiteradas ocasiones a Sánchez -Urkullu lo ha hecho incluso por carta- de la situación de desprotección jurídica en la que quedarán sus gobiernos una vez caduque el real decreto. El Gobierno vasco ya ha visto recurridas en más de una ocasión sus medidas. El pasado febrero, el TSJPV autorizó la apertura de la hostelería en contra del criterio del Ejecutivo. Diferentes responsables institucionales acusaron al juez Luis Garrido de «jugar a ser epidemiólogo y menospreciar el trabajo de los profesionales». Iñaki Subijana no se refirió directamente a este caso concreto, pero sí pidió este jueves a los tribunales «claridad argumental a la hora de explicar los criterios en los que justifican las decisiones que adoptan».

Abogó el nuevo presidente del Superior vasco durante el acto de toma de posesión por una justicia accesible, bilingüe, basada en la igualdad, que colabore con el sistema educativo y se adapte al desarrollo tecnológico. Y cuando quedan apenas unos días para que los gobiernos central y vasco rubriquen el acuerdo que cederá a Euskadi la competencia de Prisiones -aunque no será efectiva hasta octubre-, Subijana defendió un «modelo restaurativo, en el orden penal y penitenciario, y de mediación, en lo civil, familiar, mercantil, administrativo y social». Una idea que comparten en el Ejecutivo autónomo. La viceconsejería de Justicia trabaja ya en el diseño de un «modelo vasco» basado en dichos principios.

Reivindicó el presidente del TSJPV una «Justicia del siglo XXI», dijo, que descanse en la asunción, por parte del penado, de la «responsabilidad del daño causado» y apueste por su «reincorporación social, con pleno respeto al espacio y al significado de las víctimas». «Siempre que responda a la libre decisión de las personas concernidas», puntualizó. «Un modelo que permita transitar del lenguaje de la destrucción, plasmado en la injusticia, al de la construcción», apostilló Subijana.