Una solución de consenso

Valga lo anterior para dejar claras dos cuestiones que resultan de interés en la actualidad. La primera, es que el estado de alarma puede tener ámbitos territoriales muy distintos. Desde todo el territorio estatal hasta el ámbito de una comunidad autónoma o un municipio de ésta. La segunda, es que la limitación de libertades fundamentales precisa de una cobertura jurídica que no la proporciona la legislación ordinaria.

Pedro Sánchez sigue enrocado en su actitud cerrada de no querer dialogar ni acordar con las comunidades el futuro del estado de alarma. Lo que es peor, sigue sin explicar cuáles son los motivos reales de su negativa, más allá de las alusiones genéricas a que la situación mejorará y que con la vacunación extendida no será necesario mantener la alarma. Es cierto que el índice acumulado en el conjunto de España se mantiene en torno a 200 casos, pero existen importantísimos núcleos de población con altísimos índices de contagio que sobrepasan el nivel de riesgo extremo. La responsabilidad exige a nuestros líderes institucionales que actúen con prudencia, que dialoguen y acuerden un modelo de estado de alarma flexible, que responda a esa realidad desigual de contagios, ofreciendo cobertura jurídica a las comunidades que se encuentran en riesgo extremo y alto de contagios, al tiempo que permita a la autoridad competente en cada comunidad determinar, a la vista de sus indicadores, cuándo serán eficaces en su ámbito las medidas restrictivas que permita adoptar el estado de alarma. Sería una solución razonable, pues permitiría a los que se encuentran en mejor situación actuar bajo parámetros de más normalidad y las que presentan un cuadro de mayor riesgo tomar las decisiones para proteger mejor la salud de sus ciudadanos.

Si Sánchez no se muestra favorable a consensuar un estado de alarma flexible como el comentado y lo único que ofrece es que se extinga el vigente, el lehendakari Urkullu y los presidentes de otras comunidades que presentan una situación de riesgo alta deberían promover que el Gobierno declare el estado de alarma para sus respectivos ámbitos territoriales. Aunque no sea lo más razonable y conveniente.