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«Parece que Margarita Robles ha cogido una pala y no deja de cavar». La insinuación de que el Gobierno está haciendo hueco a su propia tumba no llegó esta semana ni del PP ni de Cs ni de Vox, sino de Esquerra, el socio ... en cuyo altar se ha sacrificado a la veterana funcionaria. Los republicanos catalanes no solo no se dan por satisfechos con el cese de Paz Esteban por el escándalo Pegasus sino que se permiten exigir más dimisiones y hurgar en la herida a placer. En el PSOE, y en el resto de socios del llamado bloque de investidura, existe la convicción de que Pere Aragonès y Gabriel Rufián sobreactúan de cara a su electorado y que, una vez cobrada la pieza (Esteban), aunque no sea la caza mayor que pretendían (Robles), no forzarán la caída del Gobierno.
En realidad, ERC se ha movido siempre en una dualidad política que le convierte en un aliado imprevisible, ambiguo y escasamente fiable. La paradoja queda perfectamente retratada en cómo pasaron de pedir la cabeza de Robles a reclamar responsabilidades políticas «sin nombres ni apellidos» o en la poliédrica figura de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
Él fue con su célebre tuit de las 155 monedas de plata quien azuzó a Puigdemont para declarar la independencia tras el 1-O; también a él fue a quien le gritaban 'botifler' (traidor) en las manifestaciones de la ANC cuando Oriol Junqueras empezó a virar hacia una estrategia más posibilista.
Un giro que acabaría por dar a ERC la victoria y la presidencia de la Generalitat por encima de los restos del naufragio de Convergència que acabaron confluyendo en Junts. Su eterna competencia con la formación que codirigirán Laura Borràs y Jordi Turull y su espíritu netamente asambleario les hace especialmente volubles, sujetos a los vaivenes de esa olla a presión que es el independentismo catalán y por lo tanto un aliado clave, por sus 13 escaños, pero ni mucho menos fiel.
De hecho, en las dos votaciones más trascendentales que ha afrontado este año el Gobierno de Pedro Sánchez los republicanos le han dejado en la estacada. La primera, la de la reforma laboral, en la que también PNV y Bildu le dieron la espalda al calcular que el respaldo de Cs salvaba la papeleta y, en el caso de Esquerra, para zancadillear a una Yolanda Díaz que puede ser su competencia directa en Cataluña. La decisión de los dos diputados de UPN de romper la disciplina de voto estuvo a punto de mandar el decreto, y quizás la legislatura, al traste, salvados ambos 'in extremis' por el error del diputado popular Alberto Casero.
La última, la convalidación del decreto de medidas anticrisis que incluía, entre otras cosas, la rebaja del precio de los combustibles. ERC necesitaba dar un aviso a Sánchez y votó en contra de un texto de contenido social, consciente de que Bildu y el PNV ayudarían a sacarlo adelante. Su explicación posterior: que con ese gesto ayudaron a concienciar sobre la gravedad del espionaje.
De hecho, los aliados nacionalistas -vascos y catalanes-, de Sánchez reconocen, en privado, que se miran «de reojo», conscientes de que «unas veces fallará uno y otras veces otro» pero que nunca estirarán la goma hasta el punto de hacer caer al Gobierno y provocar unas elecciones anticipadas que no interesan a nadie porque expondrían peligrosamente a los contendientes en vísperas de las municipales de 2023. «Esa es la única razón por la que ERC sigue ahí», asumen en el PSOE.
De hecho, en ese baile de conveniencia que sido la mayoría de la investidura, ERC siempre ha jugado a la ducha escocesa, o al 'ni contigo ni sin ti', sin que eso haya abocado nunca al Gobierno a un naufragio parlamentario real -según el propio Gobierno, un 94% de las iniciativas legislativas previstas para 2021 están aprobadas o en tramitación- pero que sí ha dado pie a hablar constantemente de su debilidad.
Por ejemplo, en las sucesivas votaciones de los estados de alarma, ERC se permitió rechazar la quinta prórroga para castigar a Sánchez por acercarse a Ciudadanos. O, en enero del año pasado, votó en contra del decreto de los fondos europeos, que salió gracias al apoyo de Bildu... y Vox. La misma estrategia están siguiendo con las leyes de las que el Gobierno ha hecho bandera y que le quedan por aprobar.
La semana pasada, se retiraron de las negociaciones de la 'ley mordaza' en represalia directa por Pegasus aunque ya discrepaban de aspectos troncales como el uso de pelotas de goma. Lo mismo sucede con la de Memoria Democrática -los republicanos exigen derogar la amnistía del 77- y con la de Vivienda, que invade competencias autonómicas, según el Consejo General del Poder Judicial.
El PNV, que en la primera mitad de la legislatura pasaba por ser el aliado más estable, empieza a dar muestras de 'esquerrización' en su relación con el Gobierno. Con Sánchez en la cuerda floja por el desgaste de Pegasus, ya nada puede darse por descontado, aunque los jeltzales tampoco quiere oír hablar de urnas, y menos aún EH Bildu, que anhela que el Gobierno siga amparando una política penitenciaria no hostil.
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