El socialista Alfredo Retortillo será viceconsejero de Derechos Humanos

Retortillo, que fue consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco entre 2016 y 2019, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, y profesor en excedencia de Ciencia Política en la UPV/EHU, donde ha sido también vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación entre 2004 y 2010. Implicado en temas de memoria y en iniciativas a favor de la convivencia, tareas que ahora le tocará dirigir, destaca en su currículum haber sido uno de los fundadores del Euskobarómetro. También fue portavoz del grupo municipal socialista en Barakaldo de 2019 a 2023, donde fue candidato a la Alcaldía. Es miembro de la comisión ejecutiva del PSE-EE, donde llevó temas de Educación. De hecho, Retortillo y María Jesús San José trabajaron juntos en la Ley de Educación.

En el área de Memoria los socialistas están buscando un relevo para Aintzane Ezenarro, actual directora de Gogora. Recuerdan que la propia idea de la creación de un instituto «se remonta a los tiempos de Patxi López como lehendakari». Quieren reivindicar el papel que han jugado tanto en la materia de memoria histórica como en el recuerdo de los años del terrorismo. Y ven la actividad de Gogora algo alejada de la acción del Gobierno vasco, razón por la que quieren lograr «que se acerquen y que convivan también con el trabajo que está haciendo el Memorial de Víctimas» en Vitoria. En breve se anunciará la nueva dirección de Gogora, así como el equipo de comunicación del Departamento.

La segunda viceconsejería, la de Justicia, será ocupada por el abogado Alfonso Gómez Fernández. Comenzó su carrera en un despacho particular y pasó luego al Gobierno vasco, donde ha ejercido a lo largo de dos décadas de interventor, asesor jurídico y, finalmente, letrado de los servicios jurídicos centrales, una élite donde hay apenas una veintena de profesionales. Fue también entre 2015 y 2017 secretario general de la Autoridad Vasca de la Competencia. Su último puesto ha sido el de delegado territorial de Vivienda en Bizkaia. Hasta ahora ha tenido un perfil muy técnico y es la primera vez que sentirá la presión del foco mediático.

Y es que a Gómez le tocará lidiar con la delicada situación que se vive en las prisiones vascas, aquejadas de graves problemas de personal, una carencia que el propio Ejecutivo estima en el 15%. Ha habido numerosas protestas y fue prorrogado 'in extremis' el convenio con Acaip-UGT, la central mayoritaria. Las sucesivas bolsas de trabajo temporal sólo están paliando parcialmente los problemas y las centrales sindicales siguen denunciando «retrasos e incumplimientos» en la confección de una Relación de Puestos de Trabajo que permita lanzar la primera OPE de funcionarios de prisiones vascos, una materia que se transfirió en octubre de 2021.

El asunto más delicado de Justicia es la situación de los 120 presos de ETA, una vez terminada ya la dispersión. Sus terceros grados han provocado un cruce de progresiones y revocaciones entre el Gobierno vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Engrasar los contactos y apagar los incendios que se han ido declarando ha sido la principal labor del exjuez Jaime Tapia, que ha ejercido como asesor de Prisiones con categoría de viceconsejero y ahora se jubila. Según ha podido saber este diario, los socialistas quieren mantener ese puesto y además que mantenga ese rango, por lo que están buscando a la persona adecuada «entre profesionales prestigiosos dentro del mundo de la judicatura».