«La situación de la Justicia es insoportable, no podemos aguantar así un año más»

- En un estado de sorpresa mayúscula. Ha causado estupor.

- ¿Pensaba que cuatro años después se acababa con el bloqueo?

- Pensaba que se daban todas las condiciones para que se produjera de forma definitiva esa renovación. Desde el paso del tiempo, a las propuestas o requerimientos de la Unión Europea, la dimisión del presidente Carlos Lesmes, la situación en la que se encontraba el Tribunal Supremo... Me parecía que estaba todo en un punto tan insoportable que creía que ya se habían dado todos los elementos para que se produjera la renovación.

- Pues da la sensación de que la situación no se va a solventar a corto plazo. Quizás hasta que no haya elecciones. ¿Puede mantenerse esta situación otro año?

- No, claro que no. Y por varios motivos. En lo que se refiere al Tribunal Supremo, porque se van a seguir produciendo jubilaciones, habrá vacantes y va a quedar ya en mínimos. Y en el resto del ámbito judicial tampoco estamos para aguantar otro año así en términos de credibilidad, confianza y legitimidad.

- ¿Cómo definiría la actitud del PSOE y del PP?

- Creo que hemos perdido un poco de vista la perspectiva institucional. No son los partidos los que tienen que tomar las decisiones de la renovación de poderes. Con la ley en la mano, quien tiene que llevar a cabo la renovación es el Parlamento. Y no escucho decir nada ni a la presidenta del Congreso ni al presidente del Senado. Hablar de que es un acuerdo entre partidos o entre el presidente de Gobierno y el jefe de la oposición denota que hemos difuminado lo institucional.

- Pero el Congreso y el Senado están formados por esos grupos políticos. Son los mismos actores en diferentes escenarios.

- Evidentemente, pero son algo diferente a los partidos políticos. De la misma forma que a nivel judicial, por poner un ejemplo, hay juezas y jueces asociados y cuando están en un ámbito institucional tienen que tener otra mirada y no están representando a la asociación, sino a la institución.

- ¿No es algo utópico pensar que los políticos pueden hacer esa distinción entre lo que es la institución y lo que es el partido?

- Para mí no es utópico, es lo que exige la ley. ¿Qué es exigente? Evidentemente. Pero que califiquemos de utópica la diferenciación entre el plano de lo partidista y el plano de lo institucional nos indica cómo nos hemos deslizado hacia el adelgazamiento extremo de lo institucional.

- ¿Qué tendrían que hacer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil?

- Cumplir su función. Una vez que el presidente del Consejo trasladó que estaba a punto de caducar el plazo del nombramiento de los vocales, poner en marcha los mecanismos parlamentarios para debatir esa cuestión, meterla en el orden del día y que ahí se visualice si efectivamente la institución tiene o no tiene capacidad para tomar esas decisiones.

- ¿Y es optimista?

- Bueno, por naturaleza soy optimista. Pero la verdad es que toda esta situación me hace ser pesimista. Con las claves que hay, da la sensación de que se avecinan meses muy complicados.

- Pero en este último fracaso, ¿quién ha tenido más responsabilidad, el PSOE o el PP?

- El Parlamento.

- ¿Es motivo para romper una negociación que ya estaba a punto de cerrarse una discrepancia sobre una reforma del Código Penal, aunque sea de algo tan relevante como la sedición?

- Insisto en que tenía que ser una negociación desde la institucionalidad, desde el interés general y desde ahí, evidentemente, centrarse en lo que es el tema objeto, sin introducir otras variables. Ahora mismo el tema que hay sobre la mesa es un órgano que hay que renovar, algo que lleva más de cuatro años sin hacerse. Ese es el marco de juego de la negociación.

- Usted habló en la apertura del año judicial de tratar con «mimo» a la Justicia y los riesgos de que su imagen quede dañada.

- La Justicia es la institución que garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es su último bastión frente a las decisiones que entienden que le son perjudiciales. Su imagen se vincula con la idea de la imparcialidad, de la neutralidad... Y si se traslada la imagen equívoca de que esto es un reparto que obedece a intereses partidistas, hace mucho daño. No responde al día a día de la actividad de los juzgados y tribunales. Por eso decía que hay que cuidar con mimo, incluso con cariño, a la Justicia. Es fácil crear líneas de deslegitimación que luego cuesta mucho reconstruir en términos de legitimación.

- ¿Cree que los partidos actúan así porque piensan que no les penaliza electoralmente?

- Creo que la Justicia, en términos de rentabilidad electoral, no forma parte de las inquietudes de los proyectos políticos que se plantean a los ciudadanos. Y creo que es triste desde el punto de vista de la cultura democrática institucional. El Poder Judicial es un elemento de contrapeso al Ejecutivo, al Legislativo e incluso a los poderes privados.

- ¿En qué medida afecta a los ciudadanos de forma concreta este bloqueo?

- El problema se está centrando ahora en el Tribunal Supremo, que al fin y al cabo, digamos, es la última instancia judicial. Donde los ciudadanos acuden a ella reclamando tutela y es ahí dónde van a encontrarse con ese bloqueo.

- ¿Hay un interés por parte de los partidos de politizar o controlar a los jueces?

- Habría que preguntárselo a ellos.

- ¿Cree que tendría que dimitir en bloque el Consejo General del Poder Judicial como hizo Carlos Lesmes?

- Quien debe dimitir es quien no ejerce la responsabilidad que le corresponde. Y en este caso, insisto, la responsabilidad la tiene el Parlamento. Las dimisiones tendrían que llegar en ese espacio, no en el del que padece la situación como consecuencia de las omisiones de otras instituciones. La dimisión en bloque traería el caos.

- ¿No comparte entonces la dimisión de Lesmes?

- Yo no he dicho eso. Usted me ha planteado la pregunta de la dimisión en bloque. La dimisión individual de quien representa a la institución y que, fruto del desgaste y del agotamiento, dice, 'mira, hasta aquí he llegado y me voy', tiene otras connotaciones.

- Supongamos que el bloqueo se mantiene, ¿debe el Gobierno derogar la ley que impide al Poder Judicial realizar nombramientos con su mandato caducado?

- Cuando se plantea un problema muy serio hay varias opciones. La mejor es la renovación por parte del Parlamento. Si eso no es factible, la segunda opción es que se restablezcan las competencias de los nombramientos. Y la tercera, que en realidad no es una solución, es que todo se mantenga igual.

- ¿Y rebajar las mayorías en el Congreso para facilitar los nombramientos? Es algo que ha llegado a barajar el Gobierno.

- Es una opción que ya se manejó, que rompería todo y que me parece mala.

- ¿Hay que cambiar la actual normativa de elección de los vocales del Poder Judicial?

- Digamos que tras 40 años de vigencia constitucional y de haber experimentado en el mejor sentido del término varios modelos, llega el momento de reflexionar. La Unión Europea nos está diciendo dos cosas de forma insistente: la primera, que se renueven los vocales. La segunda, que una vez lograda la renovación se plantee la modificación del modelo legal vigente para que los jueces y juezas sean elegidos por sus pares.

- Es decir, que usted es partidario de cambiarlo.

- En el modelo actual en el Consejo hay 20 vocales, 12 de procedencia judicial y ocho de procedencia no judicial. Lo que nos pide es que estos últimos sean designados por el Parlamento representando a la sociedad y en el ejercicio de la soberanía popular, pero que los 12 jueces y juezas sean elegidos por los propios jueces.