Sindicatos y agentes por el euskera claman contra la «ola reaccionaria y retrógrada»

El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) conocido el martes se suma a un imparable goteo de resoluciones judiciales que vienen poniendo en jaque el proceso de normalización lingüística. En esta ocasión, la instancia autonómica ha hecho suyo el dictamen del Constitucional en el que se tumbó uno de los puntos más polémicos de la Ley de Instituciones Locales, el que obligaba a «alegar válidamente el desconocimiento del euskera» para que los documentos de funcionamiento interno en los ayuntamientos fueran redactados también en castellano.

Kontseilua, ELA, LAB, CGT, Steilas, ESK, Hiru, Ehne, Etxalde, Olatukoop, Lanartea y el Movimiento de Pensionistas unieron fuerzas ayer en una comparecencia conjunta en la que denunciaron que, a través de estas sentencias, «el Estado quiere dejar claro quién tiene aquí la última palabra en cuanto a políticas lingüísticas». Frente a ello, redoblaron su llamamiento a «todos los euskaltzales, ciudadanía y agentes sociales que creen en la igualdad lingüística, la justicia social y la convivencia» para acudir a la manifestación que se celebrará el próximo 4 de noviembre en Bilbao.