«No es serio pedir a juristas que busquen el consenso sobre el nuevo Estatuto»

– ¿Hay margen para reconducir las bases soberanistas pactadas por PNV y EHBildu hacia una reforma del Estatuto con «recorrido institucional», como pide Urkullu?

– Se suele hacer mucho hincapié en la inviabilidad legal, pero hay un problema político previo. El PNV puede articular una mayoría parlamentaria con EHBildu, es perfectamente legítimo, pero eso abocaría a un proceso político con efectos letales para la articulación interna de la sociedad. El lehendakari Urkullu era plenamente consciente de eso y había establecido unos parámetros. Pues bien, las bases rompen con esos parámetros. Los políticos deben actuar con responsabilidad. La clave para saber si se puede reconducir es si hay voluntad política para reconducirlo, especialmente en el PNV.

– ¿Deben ser los cinco juristas de la comisión redactora quienes propicien los consensos amplios que los partidos no han podido lograr?

– Eso no es serio. Los partidos tienen que lograr el consenso político en la ponencia de Autogobierno. No pueden echar sobre una comisión técnica la responsabilidad de llegar a un consenso.

– ¿Y qué propone entonces?

– La seriedad política exige que la ponencia dé un mandato muy claro a la comisión técnica. Ese mandato debe ser desarrollar unas bases acordadas en la ponencia. Si se dejase un mandato abierto a esa comisión técnica sería como empezar de cero. La forma correcta de reconducir esto es devolver la cuestión a la ponencia y que la ponencia intente articular un consenso más amplio si es que los partidos creen que eso es lo que se debe hacer. La comisión necesita unas bases claras para desarrollarlas en un texto jurídico.

– ¿Otra vía no sería que la ponencia encargue expresamente a los expertos que ajusten los acuerdos alcanzados a la legalidad vigente?

– Eso podría ser posible a bote pronto. Pero tiene un problema muy importante porque la columna vertebral de las bases tendría que quedar fuera. Hay varios problemas en el preámbulo –el derecho a decidir, la cuestión de la nacionalidad...–, pero ya cuando entras título por título los problemas son a mi juicio irresolubles: la configuración confederal, la distribución de competencias, el sistema de garantías... El desarrollo más fetén de esas bases ya está en el proyecto de Nuevo Estatuto Político de Ibarretxe. Y eso no solo es absolutamente inviable constitucionalmente, es que no sería posible en ningún sistema federal.

– Así que el problema no es solo el consenso.

– A corto plazo a los partidos les va a obsesionar cómo llegar a un consenso aceptable y salir de este atolladero. Supongamos que es factible. Pero seguiría sin resolverse el problema fundamental. El sistema autonómico español tiene importantes problemas, pero resolverlos cualitativamente solo se puede hacer reformando la Constitución. Y aquí nos empeñamos, como ya se hizo en Cataluña con un fracaso absoluto, en intentar reformar el sistema autonómico mediante la reforma del Estatuto. Ese es un callejón sin salida.

– ¿Piensa entonces que esta reforma del Estatuto de Gernika está abocada al fracaso?

– Comparto que las bases acordadas hasta ahora están abocadas al fracaso. Al fracaso político interno en la comunidad autónoma y, desde luego, al fracaso procedimental cuando salga de aquí.

– ¿Ve posibilidad de consensuar un texto que ponga de acuerdo a nacionalistas y no nacionalistas?

– Ese consenso es posible pero dentro de una estructura federal. Si se intenta ir más allá la sociedad se parte. Al menos hoy por hoy. El consenso es posible sobre la base de un diagnóstico de cuáles son los problemas del autogobierno. Y también sobre cuál es el camino para dar solución efectiva a esos problemas. Pero este país está enfermo de sectarismo y eso dificulta mucho las cosas.

– ¿Tienen alguna razón quienes denuncian el derecho de veto de las minorías?

– Defender la independencia es legítimo. Ahora bien, ningún país democrático puede aceptar que se busque al margen de los procedimientos legales vigentes. Lo dijo claramente el Tribunal Supremo de Canadá. Sin la minoría, la mayoría igual no tiene respaldo suficiente para hacer según qué travesías. La minoría igual en determinados casos sí tiene derecho a poner ciertos vetos. No es que la legalidad impida según qué cosas, lo impide la realidad.

– ¿Y dónde queda el derecho a decidir?

– El Reino Unido tenía derecho a decidir para salirse de la Unión Europea. Ejerce esa capacidad, y pese a su fortaleza, en estos momentos no está nada claro que el Reino Unido vaya a poder salirse de la UE. Y resulta que pretendemos que sea una cosa ordinaria que un territorio que lleva siglos integrado en un Estado pueda separarse alegremente. Es necesario algo de realismo político.

– ¿Hemos aprendido alguna lección en Euskadi de Cataluña?

– La sociedad sí lo ha entendido, al menos de manera implícita. ¿Lo han entendido los partidos? Pues pienso que algunos, o algunos sectores de algunos partidos, no.

– ¿En el concepto de nación podría haber espacio para acercar posturas?

– Hay dos posturas muy arcaicas que coinciden en entender el concepto de nación como algo vinculado a la soberanía y como comunidad homogénea. Solo discrepan en quién sería el titular. Una buena manera de canalizar la pluralidad vasca es aceptar que hay distintos sentimientos nacionales en la sociedad. La clave es que la base democrática esté en los ciudadanos y no en los nacionales y que luego cada cual se sienta como quiera.

– Ni le pregunto entonces qué le parece la distinción entre ciudadanía y nacionalidad que se hace en las bases.

– En Europa existe la convicción generalizada de que los censos los carga el diablo porque nunca se sabe cuándo se pueden utilizar para la marginación o incluso el exterminio de las minorías. Yo no tengo ningún problema con que el que así lo desee se declare nacional vasco pero cuidado, no se puede jugar con eso. La historia lo demuestra.