«Las sentencias no van contra el euskera ni ponen patas arriba la política lingüística»

El encuentro, organizado por el grupo de Federalistas del País Vasco y la asociación Euskera Danontzat, buscaba aclarar cuál es el soporte legal de unos fallos judiciales con diferentes matices, pero con un denominador común.

Basaguren, Ibarra y Auzmendi aludieron a siete casos concretos. Dos vinculados con contratos firmados por los ayuntamientos de Barakaldo y Ondarroa, y otros cinco relacionados con funcionarios públicos de varios consistorios y de la Academia de Policía de Arkaute. Todos dictados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dos juzgados de lo contencioso administrativo.

Diversas causísticas a las que los juristas ven un claro punto en común: el respeto de los magistrados a la actual legislación. De forma pedagógica, tanto el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV como el expresidente del TSJPV subrayaron que los jueces lo único que han hecho en la mayoría de los casos ha sido reforzar el criterio del respeto a las dos lenguas oficiales en el País Vasco, tanto el euskera como el castellano. De hecho, destacaron que los propios datos del Gobierno vasco indican que no hay ningún tipo de conflicto ni sensación de que se estén vulnerando los derechos lingüísticos de los vasco parlantes.

Sin analizar en profundidad

El problema surgiría, según recalcaron, cuando los ayuntamientos o diferentes instituciones quieren ir más lejos de lo que indica la actual legislación. La clave, señalan, está entre otras cuestiones en lo que se denomina Índice de Obligado Cumplimiento, el porcentaje de plazas que cada consistorio debe reservar en función del porcentaje de habitantes vascoparlantes que posea. Pero hay municipios, según afirmaron, que suben ese listón. Un ejemplo sería Irún, que en teoría debería manejarse con un índice del 46% y que abrió una oferta para policías que se elevaba al 70%. Y el TSJPV se lo tumbó. Situaciones más o menos similares habrían afectado a la Diputación de Gipuzkoa, al Ayuntamiento de Erandio, en Llodio...

«No son una manifestación contra el euskera, ni están poniendo la política lingüística patas arriba. Lo que está ocurriendo es que se está descalificando a los jueces sin analizar en profundizar cada caso. Lo único que están haciendo es decir que la aplicación del euskera hay que hacerla con razonabilidad y proporcionalidad», señalaron los intervinientes, que quisieron dejar una cosa clara. «No ponemos en cuestión los perfiles lingüísticos, no estamos de acuerdo en que la aplicación se haga de cualquier manera». Durante la presentación, Auzmendi lanzó otra reflexión: «La convivencia también tiene que ver con la paz en materia lingüística».