![La sentencia del TSJPV obliga a mantener las fachadas principales de los cuarteles de Loiola](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202207/15/media/cortadas/cuartel-loiola-kpJD-U170728681562ugH-1248x770@El%20Correo.jpg)
![La sentencia del TSJPV obliga a mantener las fachadas principales de los cuarteles de Loiola](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202207/15/media/cortadas/cuartel-loiola-kpJD-U170728681562ugH-1248x770@El%20Correo.jpg)
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macarena tejada
Viernes, 15 de julio 2022, 08:14
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ordena proteger los cuarteles de Loiola obliga a mantener las fachadas principales de los dos edificios –unidos entre sí por una galería– que conforman estas instalaciones militares. El fallo conocido el miércoles ha ... echado por tierra la mayor operación urbanística en marcha en Donostia, con la construcción de cerca de 1.700 viviendas. El Ayuntamiento de la ciudad, que todavía tiene que «analizar los motivos y argumentos» –según explicaron ayer fuentes municipales–, recurrirá al Tribunal Supremo una sentencia que «condiciona el precio y edificabilidad» de los terrenos cuya compraventa el consistorio viene negociando desde hace año y medio con el Ministerio de Defensa.
El alcalde, Eneko Goia, mostró su enfado por el fallo del TSJPV, que estima parcialmente el recurso presentado por Vox el año pasado a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), una maniobra con la que el partido de Santiago Abascal pretendía evitar la salida del Ejército de la capital guipuzcoana. «Vox pretende convertir todos los cuarteles en patrimonio, haciendo un uso político de esta categoría», insistió Goia, si bien puntualizó que el «valor patrimonial» de los edificios «siempre» ha estado sobre la mesa. Pero la protección de este tipo de bienes, matizó el primer edil, «no puede darse hasta un punto en el que imposibilite un uso u obligue a hacer un uso –de los edificios– que no es necesario. Nosotros, evidentemente, no despreciamos el valor patrimonial, pero hay que buscar un equilibrio».
Precisamente, el informe de la Diputación de Gipuzkoa –fechado en 2009– en el que se basa el tribunal, y al que ha tenido acceso este periódico, recoge que no sería necesaria la protección de la totalidad de los dos edificios que dan al río Urumea y limita la conservación a las fachadas principales de ambos, construidos en 1926, al poseer «algunos elementos» que las «ennoblecen» con relación al resto. Según el documento técnico foral de análisis del Peppuc, los «elementos excluidos de la protección» son «la galería de hormigón que une todos los edificios por la fachada trasera y la carpintería de cierre de los huecos».
La sentencia también hace referencia a otro informe del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco que, según se lee en el fallo, al igual que la Diputación, «ha informado a favor de la protección» de los cuarteles de Loiola. Así, la Justicia concluye que «los cuarteles cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda». De este modo, la protección «no es insalvable», admiten fuentes municipales, aunque «esta decisión cambia totalmente los términos del acuerdo que se estaban negociando. La protección de dos edificios centrales condiciona el planteamiento, la edificabilidad y también el precio».
Nada más conocer la sentencia del TSJPV, el miércoles por la tarde, Goia habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y acordaron «hacer una lectura compartida de la sentencia. A mi parecer, la reacción de Defensa al fallo ha sido la misma que la nuestra», explicó el alcalde de San Sebastián, que trasladó un mensaje de «firmeza» en el objetivo de conseguir que los terrenos de los cuarteles de Loiola sean «de la ciudad». «Vamos a trabajar hasta el final» en ello.
El fallo supone «un palo en la rueda», admitió Goia, «pero es nuestro objetivo superarlo» y ambas instituciones harán «una lectura conjunta» próximamente, después de casi dos años de «trabajo intenso» para sacar el proyecto urbanístico del que estaban «muy cerca» tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno central y el PNV.
El Ayuntamiento tiene claro que el recurso de casación es «absolutamente necesario» aunque ahora tendrá que analizar de qué forma «hipoteca» esta sentencia los nuevos usos del terreno de los cuarteles, una zona que además es «inundable» y que requiere «elevar la cota casi tres metros como se ha hecho ya en Txomin-enea o Martutene».
Según el documento de la Diputación en el que se basa la sentencia, bastaría con preservar las fachadas principales de los dos edificios que dan al río. Para el consistorio, sin embargo, «la cuestión no es protección sí, protección no». El recurso no tiene por qué girar solo en torno a esa cuestión. «Puede basarse, por ejemplo, en la autonomía municipal o en su competencia para catalogar a este nivel», explicaron fuentes municipales, que no descartan hacer un recurso que «defienda la potestad del Ayuntamiento para decidir su planeamiento». A fin de cuentas, la compraventa de los cuarteles supone una «pieza fundamental» para la «regeneración de la vera del Urumea», la «gran apuesta de la ciudad en la que se ha invertido mucho dinero y esfuerzo» y también para la conexión de los barrios de Loiola y Martutene con Intxaurrondo.
El documento técnico foral del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido de Donostia (Peppuc) al que ha tenido acceso este periódico recoge que «la protección de la totalidad del cuartel parece excesiva, limitándose a la del edificio de cabecera», por los elementos que poseen. En el caso del edificio más alejado a Txominenea hace referencia al «rótulo 'infantería'» que dispone en la fachada, «ya que no existe guarnición de ingenieros». Las fachadas son de «mampostería concertada, esquinales de piedra sillar y ladrillo en parte de la última planta, disponiendo de balcones los huecos de la fachada principal de las primeras plantas de los cuerpos avanzados».
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