La Seguridad Social embarra el debate

La jornada de ayer tenía todos los ingredientes para azuzar el debate y no defraudó. Por un lado, tomaba posesión de la cartera la nueva ministra del ramo, Elma Saiz, de manos del polémico José Luis Escrivá, que se resistió lo indecible al traspaso a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en contra incluso del criterio del PSE. Su sucesora, una socialista navarra fajada en mil batallas, entre ellas la negociación del Convenio, llega con mejores vibraciones para el nacionalismo vasco, que respira aliviado con la salida de su bestia negra.

El portavoz de Urkullu, Bingen Zupiria, apremió al traspaso de la gestión del régimen económico «en el menor plazo posible» y aventuró que la etapa de Saiz puede suponer mayor «facilidad» en las negociaciones. Casi al mismo tiempo, la nueva ministra proclamaba que el pacto con el PNV «no supone la ruptura de la caja única, para nada».

Una cosa no quita la otra, es verdad. Pero complica un debate que, como advierten en el PSOE, ha quedado contaminado y despierta recelos profundos en el cuerpo técnico de abogados del Estado y letrados de la Seguridad Social.

El subrayado de Saiz tenía como telón de fondo el encontronazo previo en el Senado, que gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta sacó adelante una moción del primer partido de la oposición, que ha visto un filón, para instar al Gobierno a «garantizar» la unidad del sistema. El valenciano Gerardo Camps defendió el texto -que sostiene que el acuerdo con el PNV «choca frontalmente con la Constitución» y «rompe» la solidaridad y la igualdad entre españoles- con el argumento de que formalizar el traspaso sería «una estupidez no sólo política, sino también económica». «Las prestaciones las reciben los contribuyentes, no los territorios», enfatizó Camps.

El discurso de los populares obvia que el fondo común de las pensiones está blindado en la Carta Magna y que lo que reclama el PNV no es la caja, sino el cajero. La socialista Eva Granados acusó a los de Feijóo de «convertir un bulo en moción» y enfatizó que su partido no ha pactado la ruptura del sistema sino el «desarrollo estatutario». «Se tiene que cumplir la literalidad de los estatutos de Autonomía», abundó, en referencia a una atribución contemplada no sólo para Euskadi sino para otras nueve autonomías.

Y el PNV aprovechó la ocasión para hurgar en las contradicciones del PP, con el que compite en Euskadi por los votos fronterizos del centro derecha. La senadora Nerea Ahedo emplazó a los populares a aclarar si defienden «incumplir» el Estatuto de Gernika y si se declaran «insumisos» a esa ley orgánica. «Aclárenlo aquí sin disculpas como la de la caja única, que nunca ha estado comprometida». El PNV se esforzó en rebatir al PP y dejar claro que el traspaso no permitiría a Euskadi fijar la cuantía de las pensiones pero tiró por elevación al delimitar los contornos del traspaso: potestad sancionadora, inspección, altas y bajas, pago de cotizaciones y pensiones y dos aspectos que numerosos juristas consideran altamente problemáticos e incompatibles con la doctrina del Tribunal Constitucional: el «control y gestión de la recaudación» y la «capacidad de aprobar aplazamientos y fraccionamientos». El debate es farragoso en el barro político, pero no lo será menos cuando descienda a los tecnicismos.