d. guadilla
Jueves, 11 de junio 2020, 01:33
Los dos sectores que a duras penas conviven dentro de Eusko Alkartasuna escenificaron ayer en el Palacio de Justicia de Vitoria la fractura que vive el partido. Entre acusaciones de «mezquindad», de «falsear datos» y amenazas de iniciar «acciones penales». La división amenaza con estallar ... de forma definitiva a solo un mes de las elecciones autonómicas, en las que EA concurre dentro de EH Bildu.
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La sesión de ayer es la primera de las tres previstas. Las otras dos se desarrollarán el martes y miércoles de la semana que viene. Lo que tiene que aclarar la jueza es si la candidatura presentada por Maiorga Ramírez el año pasado para liderar el partido fue torpedeada antes de hacerse oficial, tal y como denuncian los miembros del sector crítico. Un grupo con un importante peso específico y que cuenta con el apoyo, entre otros, de Carlos Garaikoetxea y Unai Ziarreta.
Durante la vista celebrada ayer, el abogado de los demandantes centró su intervención en un informe de la Agencia de Protección de Datos que había avalado la forma en la que se organizaron las primarias el año pasado. Una votación que, en realidad, no llegó a celebrarse porque Ramírez no superó el corte de avales en Iparralde. Según los denunciantes, porque no tuvieron acceso real al censo de militantes. O lo que es lo mismo, que habría jugado con desventaja. Al final fue nombrada secretaria general Eba Blanco.
Desde la corriente oficial se recalca que siempre se actuó conforme a la normativa y se alude al informe elaborado por la Agencia de Protección de Datos que habría ratificado su forma de proceder. Sin embargo, el sector de Ramírez negó ayer la mayor. Durante la vista aseguró que las conclusiones de este texto eran erróneas porque los dirigentes de EA habían remitido a la agencia unos estatutos «no vigentes». Según su versión, se habría intentado «confundir» a esa entidad «con la intención de conseguir un informe favorable a sus intereses».
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Un relato que la parte que apoya a Blanco rechaza de forma absoluta. Iker Ruiz de Egino, el actual portavoz del partido, afirmó a las puertas del tribunal que este es el «último episodio» de un proceso iniciado por «una facción cada vez más minoritaria» en el partido. «El rumbo y las decisiones que hemos tomado han sido siempre respaldadas por la afiliación en órganos diferentes», subrayó.
Ruiz de Egino consideró que este juicio es «un episodio al que no deberíamos haber llegado». El representante de la corriente oficial se preguntó si el acceso a la base de datos de la formación «interesa realmente a la ciudadanía».
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En su opinión, este tipo de cuestiones se deben dirimir «dentro del partido», pero no «en vísperas de unas elecciones y menos en los juzgados».
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