Sánchez sale al paso de las críticas y aclara que el Gobierno no nombrará a los jueces del Supremo

Lo que no aclaró Sánchez es hasta qué punto piensa llegar en la reforma con la que amenaza, y en la que en principio gozaría del respaldo de la mayoría de sus socios de investidura con el PNV aguardando la profundidad de las medidas que vaya a promover Moncloa. Lo que ya afirmó el presidente del Gobierno el miércoles y reiteró ayer es que en ningún caso este cambio legislativo supondría que el Poder Ejecutivo o las Cortes tengan la potestad para designar a las altas magistraturas del Supremo y los tribunales superiores, lo que por otra parte supondría un flagrante acto inconstitucional.

Lo que sí dio lugar a las críticas de la oposición y de algunas asociaciones profesionales no solo fue que planteara la renovación ya como un órdago, sino que además dejara la puerta abierta a recortar la capacidad que tiene el CGPJ para nombrar a la cúpula judicial porque es un incentivo, según criticó, para la politización y para que el PP mantenga el bloqueo.

Durante una comparecencia en La Moncloa junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el líder socialista enfatizó que su propuesta unilateral, si no media pacto con los populares, será «respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea». Pero siguió sin despejar qué mecanismo tiene en mente para la elección más sensible, la de los magistrados del Supremo. Lo que sí recalcó es que el PP viola la Carta Magna al negarse a renovar la hasta hoy mayoría conservadora del CGPJ -heredada del primer Gobierno de Mariano Rajoy tras las generales de 2011-, cuantificó el bloqueo institucional en 12,5 millones de euros anuales para las arcas públicas y justificó el paso anunciado la víspera para «liberar del secuestro» por la oposición del gobierno de los jueces.

Sánchez insistió en que el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, baraja ya distintas propuestas en caso de que el PP no acceda a alcanzar un acuerdo de aquí a final de junio. La principal de ellas, añadió el jefe del Ejecutivo, es el plan del presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, quien ya en abril puso sobre la mesa que los vocales del CGPJ sean elegidos por criterios de meritocracia, sin injerencia política y minimizando el peso de las asociaciones judiciales. Ayer, Guilarte avisó a Sánchez de las fatales consecuencias que tendría recortar la capacidad de nombramientos del CGPJ.

El primer impacto del ultimátum presidencial ha sido un enconamiento del pulso con el PP y el mensaje de la Comisión Europea, a la que se dirigieron el miércoles tanto los populares como el Gobierno para que siga mediando, de que condiciona su intervención a que ambas partes le presenten planes viables y generosidad para el pacto; un acuerdo trabado porque el Ejecutivo prioriza actualizar ya la composición del Consejo y el PP solo se aviene a ello si en paralelo se cambia el sistema de elección de los vocales.

Los de Feijóo no aceptarán «órdagos» ni «chantajes», ratificó ayer su líder, que advirtió a Sánchez de que le tendrá enfrente si pretende «asaltar» el Poder Judicial y le instó a retomar las negociaciones en el último punto en el que se dejaron con la mediación de la UE. El PP reaccionó al movimiento de La Moncloa enviando una carta a la vicepresidenta de la Comisión y comisaria aún de Valores y Transparencia, Věra Jourová, para informarle de que Sánchez amagaba con saltarse la mesa europea de negociación y le urgía a convocar una nueva cita a tres. Bolaños aceptó y planteó un encuentro en Madrid este mismo viernes o la próxima semana en Bruselas.

La Comisión confirmó ayer que se han recibido las peticiones y que las está «analizando», pero añadió que se exigirán condiciones para certificar que existe un margen para el diálogo después de que no hayan arrojado fruto alguno las reuniones mantenidas desde el pasado diciembre por el ministro socialista y el dirigente popular Esteban González Pons con el arbitraje del ahora excomisario de Justicia Didier Reynders. El líder del PP justificó la necesidad de la mediación de las autoridades comunitarias en que «Sánchez, después de volver a perder las elecciones, todavía es menos fiable de lo que era con anterioridad», y vinculó el cuestionamiento de la independencia judicial con las causas que tienen abiertas por supuesta corrupción tanto la esposa del presidente como su hermano.