Sánchez se reunirá con Torra la primera semana de febrero en Barcelona

Sánchez, que durante dos meses y especialmente en vísperas del 10-N, se negó a coger el teléfono al presidente de la Generalitat, se declara ahora «encantado» de reunirse con Torra, como ha pedido este como condición previa para la convocatoria de la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el Govern pactada con Esquerra Republicana. Una petición que retrasará la primera cita de dicho foro más allá del plazo de quince días posterior a la formación de Gobierno, como quedaba establecido en el acuerdo de investidura.

En cuanto a la eventual consulta también pactada con ERC, el líder del PSOE subrayó que lo que desea es que se vote «un acuerdo»y que «en ningún caso» ese acuerdo puede ser sobre cuestiones que «dividan» a los catalanes. «Nosotros –remarcó– defendemos el autonomismo». «En el marco del título VIII de la Constitución podemos encontrar la solución a la crisis política catalana», dijo tras expresar su deseo de que el independentismo abandone la vía unilateral.

Pedro Sánchez también aprovechó para matizar sus declaraciones sobre la necesidad de «desjudicializar» la gestión del «conflicto» y aseguró que no se trata de no aplicar la ley. «Estaría prevaricando», alegó. «Hay que devolver a la política lo que es político –añadió– y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo, lo que además supone someterle a una presión enorme, para dar una respuesta política que el tribunal no puede dar».

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo no descarta acometer una reforma del Código Penal, pero no como prometió en campaña electoral para volver a introducir el delito de celebración de referendos ilegales, sino para rebajar las penas correspondientes al delito de sedición por el que fueron condenados, entre otros, el líder de ERC, Oriol Junqueras.

«Esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que –añadió, en alusión a lo que se ha puesto de manifiesto con las euroórdenes contra Carles Puigdemont y otros procesados que se encuentran huidos– no tenemos delitos homologables a otros países europeos». En caso de que se llevara a cabo una reforma en la dirección mencionada, los reos del 'procés' se verían afectados de manera positiva, puesto que en derecho existe un principio de «favorabilidad penal» que obliga a aplicar la normativa más beneficiosa a imputados, acusados o condenados.

Al margen de Cataluña, el jefe del Ejecutivo también se refirió a otras cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, que dijo querer tener aprobados «antes de que finalice el verano», un plazo mucho más largo del que se había anunciado. Además, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará hoy la subida del 2% de los funcionarios con efectos desde el 1 de enero –algunas fuentes apuntan que también se dará el visto bueno a una declaración de emergencia climática– y dejó en el aire una subida del Salario Mínimo Interprofesional para este año, al supeditarla al acuerdo de sindicatos y empresarios.