Bruselas da oxígeno a Sánchez en su pulso con Feijóo por la crisis energética

Un día después de que los populares votaran en el Congreso en contra de la toma en consideración de ese mecanismo con el que el Gobierno aspira a recaudar 7.000 millones de euros en dos años, Sánchez presumió de su capacidad de anticipación en un debate que afecta a toda la UE y acusó al líder de la oposición de no tener más programa electoral que el de las grandes empresas. «En materia energética no hay Gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el de España», se jactó incluso durante su intervención en la primera sesión de control de este curso parlamentario.

Los populares, que respaldan en la Eurocámara la propuesta de Von der Leyen, alegan que el planteamiento del Ejecutivo es una «chapuza» contraria tanto al derecho comunitario como a la propia Constitución. Bruselas solo contempla, por un lado, exigir una «contribución solidaria» a empresas que operan en el sector energético. En España, se reclama también a la banca. Pero además, lo que el Gobierno gravará será la cifra de negocio de las compañías (en un 1,2%). La Comisión, en cambio, propone actuar sobre los beneficios extraordinarios, con un tributo de al menos el 33%.

La figura legal a la que ha recurrido el Gobierno a través de los grupos parlamentarios que los sustentan es, por otro lado, una prestación patrimonial no tributaria. Esa vía le ha permitido ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza porque los impuestos solo pueden crearse mediante proyectos de ley que requieren informes previos; entre otros, del Consejo de Estado. Mientras que las prestaciones patrimoniales pueden tramitarse como proposiciones de ley de las fuerzas parlamentarias. Los populares, sin embargo, entienden que esta prestación es un tributo encubierto que no cumple con los principios constitucionales que lo legitimarían.

En Génova alegan además que lo lógico, llegados a este punto, habría sido esperar a que la Comisión fijara sus criterios para tratar de adaptarse a ellos. Y, entre otras cosas, advierten de que los gravámenes españoles no tienen un carácter finalista.

Los detalles técnicos, sin embargo, son tratados por la Moncloa como una mera anécdota en la pugna política que mantiene con el PP a poco más de ocho meses para las elecciones autonómicas y municipales. Los socialistas están convencidos de que ya han ganado la batalla del relato y sostienen que la posición de la dirección del PP resulta difícil de entender incluso para los suyos.

El hecho de que el PNV, que también ha planteado muchas reticencias a la iniciativa de PSOE y Podemos, acabara votando el martes a favor de su tramitación, ratifica al Ejecutivo en la convicción de que para la mayoría de los ciudadanos el rechazo la medida resulta incomprensible. En esa dirección apuntan las encuestas. De ahí que Sánchez insista machaconamente -volvió a hacerlo este miércoles ante el pleno- en la acusación de que mientras él gobierna para la «clase media y trabajadora», Feijóo pretende poner las instituciones al servicio de una «minoría poderosa».