Sánchez y Pradales acuerdan el impulso a las transferencias a partir de finales de octubre

La llegada de competencias a Euskadi entrará dentro de un mes en una nueva dimensión. Sánchez y Pradales acordaron este viernes que la comisión bilateral para la negociación de los traspasos se constituya «a finales de octubre» con el objetivo de que las materias pendientes queden transferidas para últimos de 2025, tal y como el mandatario socialista se comprometió con el PNV a cambio de sus votos en la investidura. Los gobiernos vasco y central trabajan sobre un listado de 29 áreas, aunque discrepan sobre el alcance de algunas de ellas, lo que en la práctica dificulta que los plazos se vayan a respetar por mucho que ambas partes insistan en expresar su «voluntad».

El lehendakari llegó a la cita bajo la premisa de que «el cumplimiento de los compromisos en las fechas establecidas nos exige a todos a acelerar el paso». Es por eso que en el encuentro, que duró cerca de hora y cuarto en un ambiente «afable», entregó al presidente del Gobierno un calendario que considera «realista y realizable». Esa agenda propone un primer bloque con seis competencias que se podrían traspasar para finales de este mismo año y para las cuales el Ejecutivo autonómico ya ha enviado su propuesta: salvamento marítimo, meteorología, autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros, el fondo de protección a la cinematografía, el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria y la ordenación y gestión del litoral. Esta última, en concreto, parece la más avanzada a día de hoy.

Ese calendario será abordado en la primera reunión de la comisión bilateral −su creación es otro de los compromisos del líder del PSOE con el PNV−, que deberá contar con la presencia de ambos mandatarios en el que será su tercer encuentro en apenas tres meses. Un clima bastante diferente al de las gélidas relaciones de Sánchez con Iñigo Urkullu, quien lamentaba no obtener siquiera respuesta a las numerosas cartas que enviaba al mandatario socialista. Moncloa trata de mimar ahora a su sucesor y eso se percibió en la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que actuó de portavoz del presidente y valoró las iniciativas que el lehendakari llevó a la reunión.

Ese primer bloque contemplado en el calendario parece el más factible, pero después llegarán otras 23 materias entre las que se incluyen las más delicadas. Pradales planteó que «a comienzos del año que viene» se abra una segunda carpeta en la que aparecen las dos grandes aspiraciones del Gobierno vasco, particularmente del ala del PNV. La primera, la gestión de los puertos de Bilbao y Pasaia, y de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Los jeltzales quieren el control de estas terminales, pero el Ejecutivo central enfría las opciones porque estas cinco terminales están catalogadas como «de interés general».

La segunda es la gran patata caliente: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este viernes Pradales asumió la «complejidad» de este traspaso en particular, sujeto históricamente a una importante polémica política y técnica bajo la sombra de la posible ruptura de la 'caja única'. Sin embargo, llamó a «dar cumplimiento» a lo recogido en el Estatuto. El ministro Torres volvió a mostrar voluntad, pero recordó las «complicaciones» técnicas y auguró un proceso largo por la necesidad de contar con numerosos informes. Máxime en un asunto que amenaza con agitar la recurrente bandera de los agravios territoriales entre el resto de comunidades y que siempre es susceptible de acabar en el Tribunal Constitucional.

Pese a las incertidumbres que rodean a todo lo referido a las transferencias, el lehendakari salió satisfecho de la cita con Sánchez. «Hemos imprimido una marcha más», se felicitó Pradales, quien busca cerrar el cumplimiento del Estatuto de 1979 para abrir el debate de una reforma para «actualizar, ensanchar y mejorar el autogobierno». En este sentido, y en plena polémica con el PSE-EE por el alcance de ese nuevo marco, volvió a insistir en que un nuevo acuerdo se debería guiar por el reconocimiento nacional de Euskadi, una relación «bilateral» con el Estado y un «sistema de garantías» que asegure el respeto de las competencias vascas.