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Paula de las Heras
Viernes, 8 de febrero 2019, 00:44
«No se mueve nada», avisan en la dirección del PSOE. Pedro Sánchez tiene intención de seguir adelante con su estrategia genérica hacia Cataluña y con el plan puesto en marcha el martes para intentar salvar la votación clave de los Presupuestos el próximo ... miércoles y, con ello, la legislatura. Ni la manifestación convocada por PP, Ciudadanos y Vox para este domingo ni el malestar explícito de algunos barones socialistas, del exvicepresiente Alfonso Guerra o el expresidente Felipe González ni tampoco la más sutil disconformidad de miembros del propio Gobierno le han convencido de que es necesaria una rectificación. Al contrario.
Sánchez acudió ayer a Estrasburgo para reunirse con los responsables del Consejo de Europa y visitar el Tribunal de La Haya que, probablemente, se convertirá en la última estación judicial para los acusados del 'procés'. Allí defendió, como estaba previsto desde hacía ya algunos meses, la independencia de los tribunales españoles y la calidad de la democracia española. Pero, en paralelo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, avanzó en sus conversaciones con los representantes de la Generalitat.
La misma tarde del miércoles, cuando ya había estallado el revuelo por la decisión del Ejecutivo de aceptar que en el diálogo sobre la situación política de Cataluña se incorpore la figura de un «relator», «facilitador» o «coordinador» externo, Calvo ya trasladó a Pere Aragonès y Elsa Artadi, según fuentes de la negociación, que todo seguía igual y que el presidente del Gobierno no se amilanaría por las críticas de las últimas horas. Ayer reiteró el mensaje y, durante todo el día, siguieron los contactos telefónicos entre Madrid y Barcelona para tratar de acordar el nombre del eventual mediador.
El acuerdo en este punto no es sencillo porque, mientras el Gobierno dejó caer anteayer su preferencia por alguien de Cataluña, la Generalitat seguía ayer insistiendo en alguien de «perfil internacional». Pero, al margen de esto, Calvo sí se mostró dispuesta a abrir la mano en lo que se refiere a la composición de la mesa de partidos.
El Ejecutivo defendía hasta este lunes que ese foro debía circunscribirse al ámbito catalán y que para eso estaba la mesa creada en el Parlament el pasado noviembre (a cuyas únicas dos reuniones, la última este martes, no han acudido ni Ciudadanos ni la CUP ni el PP). La lógica de esta posición era que en Cataluña hay un problema de convivencia y que lo fundamental, antes de nada, es que exista un diálogo entre los propios catalanes. Fue ese mismo lunes cuando ERC confirmó que presentaría la enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Ayer siguió sus pasos el PDeCAT. Su portavoz en el Congreso, Carlos Campuzano, anunció que la registrarían hoy, fecha tope para hacerlo, aunque abrió la puerta a retirarla de aquí al próximo miércoles en el caso de que haya algún gesto por parte de Sánchez.
El Govern, por su parte, reclamaba la creación de una nueva mesa de ámbito nacional, con el PSOE (no el PSC), Podemos y quien desee sumarse. Pero ahora la posición de la vicepresidenta Calvo no es tan clara. Al referirse a este asunto en su última comparecencia pública, la 'número dos' del Gobierno argumentó que lo que está en juego es «una cuestión que se produce en Cataluña y afecta a todo el Estado». Añadió que «hay partidos interesados en ayudar y sentirse responsables de un diálogo».
Sus palabras, pronunciadas en principio para tratar de restar gravedad a lo negociado y tranquilizar a los propios dirigentes socialistas, sólo sirvieron para echar más leña al fuego. El tira y afloja en el propio seno del PSOE amenaza así con continuar. El miércoles el secretario de Coordinador Territorial y 'número dos' de Organización en el PSOE, Santos Cerdán, descolgó el teléfono para reclamar a los barones que rebajaran el tono y advertirles, de paso, de que no se convocaría un Consejo de Política Federal, como había reclamado, fundamentalmente, el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page. Ayer, éste volvió a la carga. «No sé cómo tiene que estar la situación territorial del país para que seamos capaces de vernos», dijo en alusión a la necesidad de que los planes del Gobierno sean debatidos por otros líderes del partido. A su planteamiento se unió el PSOE andaluz, que aun así optó por no hacer mucho ruido.
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