El Consejo de Ministros aprobó el martes el Proyecto de Ley de Memoria Democrática para su remisión a las Cortes. Desde el Gobierno se indica que con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado. Deuda que se localiza ... en dos ámbitos. Por una parte, en la necesidad de recuperar, salvaguardar y difundir la 'memoria democrática' con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Por otra parte, en la necesidad de proceder al reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución en 1978. Se busca promover la reparación moral de estas víctimas y recuperar su memoria, lo que implica condenar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista.
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Tras la aprobación del proyecto se han desatado todo tipo de reacciones, especialmente entre las formaciones de derechas que rechazan la necesidad de abrir un debate sobre el golpe militar del 36 y el régimen franquista, pues entienden que tal deuda, de haberla, ya quedó saldada en virtud del pacto alcanzado en la transición política, que se materializó en la ley de amnistía y la aprobación de la Constitución. No nos engañemos, tratan de utilizar estos dos hitos fundamentales, cuya importancia nadie debería ignorar, con una finalidad contraria a los valores y libertades constitucionales, entre las que se encuentra la defensa radical de los derechos humanos, con la consiguiente obligación moral y política de condenar 'ex tunc' todas las vulneraciones, y no solo 'ex nunc'; es decir, solo las posteriores.
A mi juicio, ni la transición política, ni la Constitución ni la ley de amnistía deben ser utilizadas como un 'muro' que impida establecer un juicio democrático sobre aquellos acontecimientos. No se puede utilizar el argumento de la Constitución ni el de la amnistía para rechazar una ley de memoria que lo que pretende es construir un relato democrático en favor de la verdad, la justicia y la reparación sobre lo que fue el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura. Aunque es obvio que la vigencia de la ley de amnistía constituye un obstáculo en materia penal. Desde el punto de vista de la ciudadanía la memoria es un derecho. Desde el punto de vista del Estado democrático la memoria es un deber, garantía de no repetición y como instrumento necesario para la construcción de una sociedad con identidad colectiva propia cimentada sobre el rechazo al uso de la violencia y a los totalitarismos.
Manuel Jiménez de Parga, presidente del TC (2001-2004), escribió en su día que, si bien fue beneficioso el disimulo del constituyente cuando había que salir de la dictadura para entrar en la democracia, perseverar en el mismo disimulo se convierte en una perjudicial hipocresía. Dejemos a un lado el juego hipócrita y terminemos de saldar esta deuda. Por salud democrática.
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