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Si hay una convicción ahora mismo en el PNV es que la tormenta desatada por el empeño de Unai Rementeria en aprobar un decreto fiscal que, de tapadillo, beneficia al Athletic debe reconducirse con un arreglo «por consenso» con sus socios del PSE que evite ... que la enorme patata caliente en que se ha convertido el asunto queme todavía más. La idea del diputado general de Bizkaia de atraer a gestores de fondos de capital riesgo con una fiscalidad atractiva -una fórmula similar a la que ya funciona en Gipuzkoa- no solo ha abierto una profunda brecha entre los socios de gobierno sino que les coloca en una situación sumamente delicada en plena precampaña electoral.
«El daño ya está hecho», lamentan fuentes jeltzales, conscientes de que, termine como termine el episodio, han regalado munición electoral a sus rivales, especialmente a un PP que había visto rechazadas sus exigencias para abrir cuanto antes el melón tributario con vistas a rebajar la presión sobre las rentas medias y bajas. Ahora, los populares toman la iniciativa al llevar a las Juntas vizcaínas una iniciativa para derogar el decreto que reduce la tributación de las rentas irregulares, lo que deja a Rementeria en situación de 'susto o muerte'. O retira la propuesta, o logra renegociarla con los socialistas o se arriesga a que el Legislativo foral se la tumbe con la oposición y sus propios socios de gobierno en contra. Un drama.
Diferencias
No es la primera vez que jeltzales y socialistas sacan a luz sus diferencias en materia fiscal, de hecho uno de los principales motivos de discordia entre los socios. Simplificando mucho, donde los socialistas defienden que «paguen más los que más tienen», los jeltzales introducen todo un abanico de matices desde una visión diferente, partidaria de incentivos que dinamicen la economía y atraigan inversiones. Por si fuera poco, la concepción del país parte de bases distintas: los socialistas siempre han exigido una reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH) que modificase la arquitectura institucional vasca, restase peso a las Juntas Generales y se lo diera al Parlamento a la hora de fijar, por ejemplo, el reparto de los recursos o incluso de dictar las normas tributarias, competencia exclusiva de los territorios.
A pesar de estas diferencias sobre el papel, el bien superior de la estabilidad ha permitido que PNV y PSE hayan aprobado dos modificaciones del sistema tributario vasco desde que suscribieran, primero, su acuerdo de estabilidad en el otoño de 2013 y, en la siguiente legislatura, los pactos de coalición en el grueso de las instituciones. Pero las negociaciones nunca han sido un camino de rosas. En ambos casos -en 2013 y en 2017-, los socios, en minoría, lograron sumar al PP al acuerdo final, una necesidad si querían que prosperara. El esfuerzo, no obstante, dejó damnificados políticos, especialmente en la reforma que sirvió para rebajar, hace dos años, el tipo del impuesto de Sociedades del 28% al 24% en contra del criterio inicial del PSE, que había logrado que se mantuviera por encima del resto de España pese a la presión de la patronal.
Resbalón preelectoral
Los socialistas vascos siempre han peleado a brazo partido para defender sus posiciones -en todos los ámbitos, por ejemplo en Bilbao chocaron por la exención del IBI a la Iglesia- pero con escaso éxito, lo que explica, junto a la cercanía de la cita con las urnas, el monumental enfado de la formación de Idoia Mendia, que además se siente engañada al haber dado el visto bueno a una modificación cuyo alcance desconocía en realidad.
En otoño de hace dos años, Mendia apeló a la responsabilidad de país para «remangarse» y aceptar la rebaja de Sociedades, a la que durante meses se habían negado, para lograr a cambio que el PP diera luz verde a los Presupuestos de Urkullu. Ahora, permanecía vigilante para lograr que el melón no se abriera hasta 2020, tal como pactaron con los populares, pese a que Alfonso Alonso lo ponía como condición para negociar los Presupuestos. Lo habían logrado y la cuestión fiscal estaba convenientemente aparcada. Hasta ahora.
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