Inservible

Nunca estuvo en el origen de esta iniciativa legislativa resolverlo, ni tan siquiera reconocerlo, y de ahí la falta de utilidad de este instrumento legal. Remover los obstáculos para conseguirlo hubiera implicado una autocrítica de la que el Ejecutivo carece, y aportar una claridad que no tiene para caracterizar mejor las situaciones. Por eso, con su ley solo crecen la confusión y la duda, a poco que se profundice en su lectura. Hubiera obligado a abordar cuestiones nada menores, como el control efectivo de la gratuidad de la enseñanza, una de las claves que sostiene la alta segregación escolar que padecemos, pero solo se observan afirmaciones tautológicas. Y así, quienes defienden cobrar cuotas ilegales a las familias, ya han anunciado que seguirán haciéndolo pese a su promulgación.

Pero además, la nueva norma aporta riesgos ciertos, claramente en el tratamiento lingüístico, con unos objetivos de graves consecuencias para la gran mayoría del alumnado y la mejora del sistema, y con redacciones que pueden acabar en el Tribunal Constitucional. Un órgano que, independientemente de su composición, siempre ha considerado imprescindible mantener al menos un rango de igualdad formal entre los idiomas oficiales. Así lo ha mostrado en todas sus sentencias, incluida la reciente 85/2023.

Es posible que el alto tribunal no entre a juzgar enmascaramientos literarios que sitúan al euskara «como eje central» de un sistema supuestamente plurilingüe, pero es más que probable que no deje pasar que los centros, para ser considerados servicio público, sean obligados a «priorizar» la lengua vasca, «tanto en la actividad educativa como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado», como indica el texto aprobado. «En relación con la necesidad de protección y respeto de las distintas modalidades lingüísticas, no son pocas las ocasiones en que este tribunal ha sostenido que no es conforme con la Constitución otorgar normativamente preferencia en el uso por parte de los poderes públicos a una lengua oficial con relación a otras que también lo son, esto es, establecer normativamente un trato prioritario en favor de alguna de las lenguas cooficiales», señala la última sentencia citada. Si de alguna redacción tenía que huir esta ley, para asegurar su integridad jurídica, era de fórmulas que dieran primacía a alguna de nuestras dos lenguas oficiales. Pero ni eso ha hecho.