Este artículo va de algunos jóvenes, algunas grandes empresas y de un ministro del Interior y un presidente autonómico. Son historias desconectadas que han sucedido este verano y que sitúan desafíos al marco legal y una ruptura de las reglas del juego en tres esferas; ... la social, la económica y la política.
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Algunos jóvenes han convertido los botellones en un derecho pisoteado por las autoridades. Y otros han dado rienda suelta a todo tipo de vandalismo, incluidos saqueos, robos y agresiones a la Policía. Hay imágenes. Muchas imágenes en muchos lugares. La indignación pública de los representantes políticos está justificada. No hay planificación, ni estrategia y nadie puede hablar de motivaciones políticas. Las conductas violentas desarrolladas al calor de las masas y el alcohol se parecen mucho a las que veíamos en el fútbol prepandémico. Al fútbol también iban todos y solo unos pocos desarrollaban conductas vandálicas.
Una docena de empresas, entre ellas las mayores constructoras, han sido sancionadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia con 61,2 millones por amañar licitaciones del Ministerio de Transportes para construir carreteras. No hay imágenes de los actos ilícitos denunciados por la CNMC, pero los miembros del cártel de los contratos de carreteras rompían las reglas de juego en reuniones planificadas según la resolución del árbitro de los mercados. Resultado, todos pagamos más por los servicios públicos y los mercados se cierran a la entrada de innovadores emergentes volando por los aires la igualdad de oportunidades. A día de hoy, estas empresas no han sido inhabilitadas para recibir contratos públicos. El cártel se adjudicó más de 530 millones, el 63% del importe total adjudicado de esta partida de Fomento.
Un presidente autonómico, el de Ceuta, y un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se saltaron el marco legal para devolver a Marruecos a menores migrantes tutelados sin seguir el procedimiento que marca la ley. Rompieron las reglas del juego violando los derechos y protección de los menores que marca nuestro ordenamiento jurídico. Hasta la Audiencia Nacional y la Fiscalía denunciaron que las repatriaciones indiscriminadas no respetaban los derechos superiores del menor. No ha habido consecuencias políticas ni jurídicas todavía. No hay imágenes, solo correos electrónicos vergonzantes que nos trasladan la visión compartida del ministro socialista y el presidente popular. Representantes institucionales que creen que el fin justifica los medios.
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