La resolución puede dar la estocada a la legislatura catalana

Es una propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. Busca reforzar el Ejecutivo autonómico con la entrada de nuevas formaciones soberanistas como la CUP, o los comunes. Antes del 10-N es muy improbable. Más allá de las generales, es una opción, dependiendo del resultado y de los pactos a los que lleguen unos y otros para la investidura. La CUP y los comunes son reticentes al Govern de concentración, que ha recibido el visto bueno de destacados dirigentes de JxCat, Torra incluido.

Y es que sería una herramienta útil para el presidente de la Generalitat para poder aprobar los Presupuestos (Cataluña gobierna con los de 2017) y tratar de alargar su mandato, como ha expresado que es su intención. Ese Gobierno de concentración con JxCat, ERC, comunes y la CUP representaría casi a dos tercios de la Cámara catalana y apelaría al diálogo con Madrid para buscar una salida al pleito catalán y en materia de presos.

Es la gran apuesta de Esquerra para responder a la sentencia. Quim Torra y Pere Aragonès tienen un pacto para garantizar la unidad del Govern catalán hasta el fallo. A partir de que se conozcan las penas, se acabará el armisticio y empezará de nuevo la guerra por el poder y por capitalizar el rédito electoral de una eventual condena a prisión. Ninguno de los dirigentes que sea condenado podrá ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero sí podrá serlo Carles Puigdemont, aunque se reactive la euroorden y sea finalmente extraditado y procesado.

Quien asoma como posible candidato es Artur Mas (no lo ha descartado), pero está inhabilitado hasta febrero de 2020. La dirección que escojan Torra y Puigdemont en la gestión del periodo postsentencia marcará también el futuro de JxCat, donde puede producirse una escisión del sector que apuesta por aparcar el unilateralismo. La convocatoria del 10-N, mientras, no supondría ningún impedimento jurídico para el presidente de la Generalitat si se decantara por el adelanto electoral.

Las elecciones podrían llegar no porque el Govern sea incapaz de aprobar los Presupuestos, sino porque el presidente de la Generalitat corre un serio riesgo de ser inhabilitado. El próximo 18 de noviembre será juzgado por desobediencia por no retirar a tiempo la pancarta a favor de los presos que colgó en la fachada del Palau de la Generalitat. Reconoció ante el juez que desobedeció, por lo que su inhabilitación es más que probable. Aún podría recurrir la sentencia, pero en cuanto fuera firme tendría que dejar el cargo.

Pere Aragonès pasaría a ser presidente interino, pero JxCat y ERC tendrían que impulsar la investidura de un nuevo president. Los posconvergentes amenazan con volver a intentar reelegir a distancia a Puigdemont. ERC se niega. La falta de acuerdo provocaría el adelanto electoral.

Hasta la fecha se desconoce cuál será la reacción del Gobierno catalán a la sentencia. Se empiezan a conocer detalles de las plataformas secesionistas, que se proponen paralizar Cataluña durante tres días con movilizaciones, cortes de carreteras y bloqueo de infraestructuras. Pero la respuesta institucional se mantiene bajo llave. Una respuesta de Quim Torra que suponga el regreso a octubre de 2017 -el president habla de desobediencia institucional y de ejercer el derecho de autodeterminación- tendría su réplica en el Gobierno central, que ya ha advertido con la aplicación del 155 o de la Ley de Seguridad Nacional. Con el primero en la mano, Mariano Rajoy destituyó al anterior Govern y convocó elecciones autonómicas.