El PNV refuerza los conceptos nacionalistas en su propuesta para el nuevo Estatuto

El foro parlamentario ha entrado ya en una fase clave. Los primeros textos con los que se pretendía trabajar de cara a la reforma del Estatuto se registraron en enero de 2016. En teoría, aquellos documentos eran simples puntos de partida sobre los que trabajar e ir acercando posiciones. La realidad es que dos años después las posiciones siguen muy distantes.

El escollo ha surgido, como se esperaba, a las primeras de cambio. Los partidos se habían conjurado, en principio, para acelerar los plazos y las reuniones de la ponencia para poder sentar las bases del nuevo Estatuto antes de verano. El primer paso es la redacción del preámbulo, donde tendrían que estar incluidos conceptos como la definición del País Vasco y su relación con el resto de España. A lo largo de los últimos días, los partidos se han cruzado sus respectivos documentos, que se debatirán en la reunión que la ponencia mantendrá mañana.

Aunque no se alude a la independencia y el derecho a decidir queda más diluido que en otros documentos anteriores, el preámbulo de máximos del PNV consta de nueve puntos con un lenguaje claramente nacionalista. De hecho, el primer epígrafe no alude a la Comunidad Autónoma Vasca, sino que se refiere a la «definición de Euskal Herria» como un «pueblo con identidad propia» que está «asentado geográficamente sobre siete territorios», a los que se refiere de forma expresa. Según el PNV, la lengua -solo menciona el euskera- «junto con el sentido de pertenencia a una misma comunidad política son los que forjan la identidad nacional vasca».

A partir de ahí establece que el pueblo vasco pertenece a una misma «comunidad política, a una misma nación», porque cumple, a juicio de Sabin Etxea, «con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía». Una definición que chocaría con los planteamientos defendidos por el PSE, que solo acepta ese concepto en términos culturales. El actual Estatuto se refiere al «pueblo vasco, como expresión de su nacionalidad...».

Además, aunque relativiza la cuestión del derecho a decidir, sí incorpora una reflexión que los socialistas ya observaron con preocupación hace dos años. El respeto a la «legalidad», pero con matices, porque, según el PNV, esa aceptación de las reglas de juego «no debe provocar la vulneración del principio democrático, un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca». A esto hay que añadir que sitúa el origen de la singularidad vasca en los derechos históricos sin apenas alusiones a la Constitución que los ampara.

Desde que la ponencia se puso en marcha los socialistas confiaban en que la postura del PNV se fuese modulando. Ese optimismo radicaba en los mensajes lanzados tanto por la actual dirección el PNV como por el lehendakari sobre la necesidad de un acuerdo transversal.

Entre otras cuestiones, por una simple cuestión de aritmética. Cualquier reforma estatutaria debe ser aprobada por el Congreso, y eso solo se consigue con el apoyo del PP o del PSOE si también se suma Podemos. Reeditar un batacazo como el que se dio Juan José Ibarretxe con su plan no está en el programa de Sabin Etxea.

Pero todo ese esquema está chocando con una realidad: la de que la brecha que hay entre lo que el PNV está dispuesto a rebajar su propuesta y lo que el PSE puede aceptar sigue siendo demasiado grande. El documento presentado ahora por el PNV no ofrece grandes novedades respecto al remitido el pasado mes de febrero. Simplemente, evidencia que los planteamientos de la formación jeltzale se mantienen inalterables.