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El runrún ya había empezado un año antes, cuando el entonces presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, pidió reformar el órgano para asegurar su independencia. Pero la cuestión estalló por completo en 2015 tras pasar José Luis Bilbao de ... diputado general de Bizkaia a máximo responsable del ente fiscalizador en sólo 48 horas. Entre acusaciones de «desvergüenza» y de «poner al zorro a cuidar del gallinero», el PNV sucumbió a la presión y se avino a estudiar cambios que garantizaran la imparcialidad en el control del dinero público.
Seis años después, el Parlamento vasco está a punto de aprobar esa reforma. Pero lo hará sin poner coto a las puertas giratorias que motivaron este largo proceso. Tanto es así que el 'caso Bilbao' bien podría repetirse, ya que no se impondrá un periodo de carencia para los miembros respecto a su anterior labor profesional. El principal cambio pasará por reforzar la mayoría parlamentaria para escoger a los componentes: de la absoluta actual (38 escaños) a los tres quintos (45), por lo que los partidos del Gobierno necesitarán de al menos uno de los grupos de la oposición.
Las modificaciones se vienen gestando en una ponencia parlamentaria -estos grupos se reúnen a puerta cerrada- desde la anterior legislatura y sus trabajos se vieron paralizados por las elecciones de 2020. Para cuando se reactivó, el final del mandato del TVCP se acercaba, por lo que se decidió prorrogarlo unos meses para que la renovación se hiciera acorde a las nuevas reglas del juego. La previsión es que el dictamen llegue a comisión en octubre y al pleno en noviembre, de forma que el proceso esté en marcha antes de fin de año.
La reforma tiene garantizada su aprobación en virtud de un acuerdo de PNV, PSE y PP+Cs, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones. El grupo de conservadores y liberales ha cedido en algunas de sus pretensiones, como la de fijar un ínterin de hasta seis años entre el desempeño de un cargo político y la designación como miembro del Tribunal. Lo que sí quedará incluido es una serie de causas por las que cualquier componente se pueda mantener al margen de una fiscalización concreta en caso de incompatibilidad. Se hará mediante la abstención voluntaria del propio miembro o bien a través de una recusación que presente la institución afectada.
Según el pacto, y a expensas de que puedan producirse modificaciones en la fase de enmiendas, la cúpula del ente fiscalizador seguirá estando conformada por un presidente, un vicepresidente y cinco consejeros que deberán ser elegidos por las tres quintas partes del Parlamento vasco. Salvo que se den cambios, el PNV propondría tres; el PSE, dos; PP+Cs, uno; y el restante quedaría en manos bien de EH Bildu o bien de Elkarrekin Podemos-IU. Un reparto que en lo aritmético no se corresponde con la representación política reflejada en la Cámara autonómica, institución de la que es dependiente el propio TVCP.
Otra de las cuestiones que están siendo analizadas en la ponencia son la prórroga para un segundo mandato de cada uno de los miembros, la periodicidad en la elaboración de los informes y la fiscalización del propio órgano. En esta parcela, los partidos que sustentan el Gobierno vasco han aceptado la propuesta formulada por Elkarrekin Podemos-IU, que aboga por firmar convenios con otros tribunales autonómicos para 'cruzarse' los controles entre ambos a fin de aumentar la imparcialidad.
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