El Parlamento remata una tímida reforma del Tribunal Vasco de Cuentas

Tal y como desveló EL CORREO hace dos semanas, jeltzales, socialistas y populares llegaban con un acuerdo bajo el brazo para concluir una reforma que lleva gestándose desde hace seis años. Fue precisamente el nombramiento de Bilbao, quien apenas dos días antes había dejado de ser diputado general de Bizkaia, lo que lanzó el debate sobre el órgano que fiscaliza a instituciones y partidos. Ante las críticas de la oposición, el PNV sucumbió a la presión y se avino a estudiar cambios que garantizaran la imparcialidad en el control del dinero público.

La principal modificación pasará por el sistema de elección de los siete miembros del tribunal. Se reforzará la mayoría parlamentaria de la absoluta actual (38 escaños) a los tres quintos (45), por lo que los partidos del Gobierno vasco deberán negociar con al menos un grupo de la oposición. A este cambio se aferran PNV y PSE para desestimar las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. «Era una demanda alineada con los requisitos de transparencia», ha defendido la socialista Sonia Pérez. «Requerirá consensos más fuertes», ha apuntalado la jeltzale Itxaso Berrojalbiz.

En cambio, las coaliciones abertzale y morada ven necesario imponer periodos de carencia para los miembros respecto a su anterior labor profesional. «Aboca a un simple intercambio de cromos. Es un acuerdo que va contra la higiene democrática», ha censurado el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, quien criticaba también la incorporación del PP, que «en lo de las buenas prácticas no son ejemplares». Desde Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha lamentado que se haya diluido el consenso sobre la limitación de las puertas giratorias y ha tachado la resolución de «insuficiente».

Para nacionalistas y socialistas –Luis Gordillo, único representante de PP+Cs en la comisión de Economía y presidente de la misma, no se pronunció–, ese periodo de carencia podía ser contraproducente. «Penalizaría a buenos profesionales solo por haber desempeñado una responsabilidad en la gestión pública», apuntó Pérez. Tanto ella como Berrojalbiz se congratularon de que se hayan añadido más supuestos de incompatibilidad. Entre otros, los componentes no podrán ocupar otros cargos públicos de forma simultánea ni podrán actuar en representación de partidos o sindicatos.

El informe aprobado este miércoles se debatirá en las próximas semanas en el pleno, que dará la luz verde definitiva a la reforma. Una vez pasado ese trámite, se abrirá el proceso de renovación del Tribunal, cuyo mandato acabó antes de verano pero se acordó prorrogar a la espera de las nuevas reglas. En un reparto que no se corresponde con la representación parlamentaria, los siete componentes se elegirán a propuesta de PNV (3), PSE (2), PP+Cs (1) y otro más dependerá de EH Bildu o Elkarrekin Podemos-IU. Todos ellos ocuparán su plaza durante seis años, tras los cuales podrán ser reelegidos una sola vez para otros seis.