La reforma a la carta de la malversación que exige ERC incomoda a los socios de Sánchez

La inquietud se visualizará este mismo viernes, cuando concluye el plazo para presentar enmiendas a la reforma del Código Penal planteada para eliminar el delito de sedición. ERC ya ha anunciado que quiere rebajar las horquillas penales con el claro objetivo de beneficiar a una docena de miembros del partido, con Oriol Junqueras al frente, que fueron condenados entre otros delitos por el de malversación por impulsar el 'procés' y el referéndum ilegal del 1-O.

El propio Pedro Sánchez, durante los actos celebrados el martes para conmemorar el aniversario de la Constitución, abrió la puerta a esa vía, que está llena de obstáculos. De ahí que el Gobierno esté tratando de especificar que esa posible reforma tendrá un alcance limitado y, sobre todo, que no afectará a los condenados por casos de corrupción. «No habrá ninguna relajación», ahondó ayer en esta línea Fernando Grande Marlaska.

Porque a seis meses de la cita con las urnas, nadie quiere verse en la necesidad de tener que explicar que no se trata de beneficiar a los corruptos. Tampoco los barones socialistas. El líder del PSOE madrileño y rival de Isabel Díaz Ayuso el 28-M, Juan Lobato, fue incluso más allá, rechazó reformar el delito de malversación y consideró que el Código Penal debe ser «muy duro» con destinar dinero público para hacer un referéndum ilegal. En el fondo se trata de una cuestión de relato.

A esto hay que sumar el temor de que suceda algo similar a lo que está pasando con la ley del 'solo sí es sí'. Que a pesar del argumentario del Ejecutivo se genere un hueco legal que termine beneficiando a condenados vinculados con la corrupción o con escándalos que acaben provocando una tormenta mediática. De hecho, los dirigentes territoriales socialistas habían asumido que la eliminación del delito de sedición tendría su coste en las urnas, pero que era algo inevitable si se quiere seguir contando con el apoyo de ERC. Para intentar apagar el incendio, el Gobierno había preparado un argumentario en el que se destacaba que se trata de una medida ajustada a los estándares europeos y que servirá para desinflamar de forma definitiva la tensión generada en Cataluña en los últimos años. Pero lo de la malversación puede abrir una fisura más difícil de controlar.

A los recelos de los dirigentes territoriales del PSOE, a los que se sumó también ayer Emiliano García Page, se añaden los de sus socios. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó también este jueves «con rotundidad» que Unidas Podemos no presentará enmiendas que tengan que ver con la malversación, en línea con lo que ya adelantó el miércoles respecto a que el grupo sí presentará enmiendas a la reforma del delito de sedición para garantizar que el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados no afecte a la protesta social. La coalición morada ha marcado distancias desde el principio con esta cuestión.

Pero no solo ellos. El PNV, que ha mostrado su respaldo cerrado a la derogación de la sedición como un paso para desjudicializar la situación catalana, también ha dejado claro que no tiene ninguna intención de plantear ninguna medida que suponga retocar el delito de malversación. En una demostración de que se trata de un campo minado, Sabin Etxea se mueve con enorme prudencia y esperará a lo que suceda hoy en el Congreso. Y en una situación similar se encuentra EH Bildu. La coalición soberanista, aliado no solo de Sánchez sino de ERC, sigue guardando sus cartas a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos.