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Si la vivienda –convertida en una de las principales preocupaciones sociales– ya apuntaba a ser uno de los grandes temas en la carrera hacia las elecciones autonómicas, ahora ha pasado a ser un motivo de máxima fricción política entre los socios del Gobierno vasco. El ... Gabinete de Iñigo Urkullu ha confirmado este domingo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que anule parte de la ley impulsada por Pedro Sánchez. La decisión la ha tomado la parte del PNV, que se opuso a la norma en su aprobación en el Congreso, y cuenta con el rechazo del PSE-EE, que censura la actitud de su aliado. Todo, para más inri, en pleno arranque de la precampaña.
¿De dónde parte el conflicto? La ley nacional de vivienda, una de las iniciativas estrella del Gobierno PSOE-Podemos en la anterior legislatura, fue aprobada en abril del año pasado con el apoyo de todos sus socios parlamentarios salvo el BNG, que se abstuvo, y el PNV, que votó en contra. Ambos interpretaban que la norma invade competencias atribuidas a las comunidades autónomas. En esto coincidían con el PP, que desde tres de los territorios en los que gobierna (Madrid, Andalucía y Baleares) ya ha acudido al TC. También lo ha hecho por ese mismo motivo Cataluña pese a que ERC, al frente de la Generalitat, avaló el texto.
La quinta comunidad en hacerlo será Euskadi. Ya en julio el Consejo de Gobierno presidido por Urkullu comenzó el proceso legal en un acuerdo que no fue unánime porque contó con la discrepancia de los tres representantes del PSE-EE: Idoia Mendia, Javier Hurtado y el propio consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. Los otros nueve miembros, todos ellos del PNV, sí secundaron el informe elaborado por los servicios jurídicos de Lakua, en el que se alertaba de posibles invasiones competenciales en siete artículos y en otras cuatro disposiciones de la norma.
La presentación del recurso, en todo caso, no era automática, ya que primero se debía activar un periodo de negociación con el Ejecutivo central. El plazo ha concluido este domingo sin entendimiento entre ambas partes, por lo que el Departamento de Autogobierno, en manos del PNV, ha confirmado que acudirá a la corte de garantías. La cartera dirigida por Olatz Garamendi dice haber agotado «todas las posibilidades», incluida una oferta para lograr «un acuerdo interpretativo que reconociera las competencias vascas en esta materia», pero denuncia que Madrid ha «rechazado» todas las vías exploradas.
El anuncio ha llegado este domingo, en el primer fin de semana de la precampaña tras la convocatoria oficial de las elecciones para el 21 de abril. La vivienda es uno de los principales temas a debate y, de hecho, el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ensalzó el sábado en Vitoria la política vasca en esta materia porque «Euskadi ha construido en los últimos años el 35% de la vivienda pública de todo el Estado». Los jeltzales defienden la competencia autonómica pese a que se opusieron a la norma en vigor, pactada entre EH Bildu, PSE-EE y UPyD frente a Urkullu en su primer mandato.
Fuentes socialistas consultadas por este periódico ratifican su rechazo al recurso y alegan que la ley nacional «aporta instrumentos complementarios a las comunidades para hacer mejores políticas», como la facultad para declarar zonas tensionadas donde limitar el precio del alquiler. Además, critican que el PNV haga bandera del asunto de la vivienda en precampaña mientras da este tipo de pasos. A 55 días de las elecciones, el enfrentamiento entre los dos socios está servido y no ha hecho más que empezar.
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