400 rebajas penales a agresores sexuales y tres meses de desgaste

La norma que buscaba blindar el libre consentimiento para no dejarlo a la interpretación de los jueces salía del Gobierno hacia las Cortes dejando ya heridas entre el hoy ex vicepresidente Pablo Iglesias y el Ministerio de Igualdad, por un lado, y la también exvicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, ahora en el TC, por otro. Pero fue este noviembre, con la aplicación del nuevo marco de penas que aúna el abuso y la agresión, cuando se levantó el tapón de una crisis con 400 recortes de condena ya.

El Congreso ratifica la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con una amplia mayoría de 205 votos, de la que se descuelgan el PP y Vox. El Consejo General del Poder Judicial había informado del riesgo de modificar las penas altas. Estas no se atenuaron, pero sí las bajas (por ejemplo, la horquilla del tipo básico de violación pasó de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12).

La norma entra en vigor el 7 de octubre, pero es a principios de noviembre, coincidiendo con el revuelo por la supresión de la sedición– cuando comienza el goteo de rebajas de condena a delincuentes sexuales.

María Jesús Montero, ministra y número dos del PSOE, abre la puerta por primera vez a reformar la ley. A las horas, y desde la cumbre del G-20 en Bali, el presidente Sánchez avala la norma e intenta evitar la fractura en el Gobierno por la vía de esperar a la Fiscalía y el Supremo. Las atenuaciones penales y las excarcelaciones se extienden como una mancha de aceite al tener que aplicar los jueces la previsión legal más favorable al reo, sin que la instrucción dictada por el fiscal general frene la sangría. Voces socialistas urgen la reforma.

El Supremo marca el paso al bajar un año, por «obligado», la condena que podía haber impuesto a los agresores de la Arandina.

Sánchez alienta la reforma en los corrillos del Día de la Constitución. Justicia e Igualdad empiezan a negociar secretamente.