La constatación de que Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV condenado a 13 años de cárcel por corrupción, ha pasado a representar al Gobierno vasco en foros oficiales ha agitado a los grupos de la oposición. Desde EH Bildu hasta Vox, pasando por Elkarrekin Podemos- ... IU y PP+Cs, todos ellos coinciden en censurar que el antiguo 'número dos' de la formación jeltzale en Álava pueda estar cumpliendo tal función y exigen explicaciones al Ejecutivo autonómico, que alega no poder hacer «nada» mientras la sentencia no sea firme, ya que el Tribunal Supremo todavía está estudiando los recursos de la defensa y la Fiscalía.
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Para EH Bildu, «la protección y el trato» que el Gobierno de Iñigo Urkullu estaría dando a De Miguel representa «una clara muestra de la nula voluntad de algunos por acabar con las prácticas fraudulentas y el amiguismo». Con este último término, la coalición abertzale alude implícitamente a una conducta, una imagen que el propio PNV, en el marco de su proceso de escucha 'Entzunez Eraiki', admitió tener entre la sociedad vasca. «Hay prácticas en Euskadi que por ser habituales no significa que sean normales, ni éticas, ni honestas», abundan fuentes de la formación de Arnaldo Otegi consultadas por este periódico.
La principal fuerza de la oposición adelanta que registrará en el Parlamento vasco una serie de iniciativas dirigidas al Ejecutivo autonómico para que aclare «las funciones, relaciones, toma de decisiones y fondos gestionados» por De Miguel en su trabajo en la Fundación Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia. Los soberanistas se lamentan de que PNV y PSE-EE hayan «echado para atrás» todas sus propuestas «para acabar con redes clientelares y tratos de favor», y denuncian que en Euskadi «no hay medios ni organismos» para perseguir la corrupción porque «a algunos no les interesa».
En esa misma línea se pronuncian en Podemos Euskadi, que señala que sigue habiendo «espacios institucionales para la práctica del amiguismo y la colocación a dedo». La formación morada considera que este tipo de hechos «demuestran que cuando en este país tiene un carné, las cosas son más fáciles» y que De Miguel «sólo ha tenido que esperar a ser colocado». El partido liderado por Pilar Garrido, que dice ser «víctima de las cloacas y el 'lawfare'» con múltiples denuncias que han sido archivadas, contrapone que el PNV, en cambio, «puede colocar tranquilamente a un condenado por corrupción».
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El PP vasco habla directamente de un «escándalo» protagonizado por el PNV, que estaría «ofreciendo puertas giratorias a malversores por el silencio oficial del delincuente condenado». El líder de los populares, Carlos Iturgaiz, relaciona el supuesto trato de favor de los jeltzales a De Miguel con su apoyo a la «nauseabunda» reforma aprobada en el Congreso, que ha rebajado las penas por el delito de malversación. Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, critica que «la corrupción es también parte del ADN del PNV, como lo es el manejo a su antojo de las instituciones».
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